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Después de más de un año largo de desencuentros, el Gobierno ha logrado alcanzar un nuevo acuerdo con los sindicatos y la patronal. El primero de esta legislatura en el que se incluye también a los empresarios, que mantienen en la actualidad unas relaciones un ... tanto tensas con La Moncloa, sobre todo con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a la que acusan de romper el diálogo social. Fue precisamente ella, la ministra de Trabajo, quien anunció este lunes, a menos de una semana de que se celebren las elecciones europeas, este acuerdo tripartito para proteger los derechos de los trabajadores trans y LGTBI.
«Acabamos de cerrar un acuerdo tripartito, sindicatos y empresarios, este sí, tripartito, que tiene que ver con los derechos de los trabajadores LGTB», avanzó durante una entrevista en televisión Díaz, que se declaró «muy contenta» porque España será «el primer país de Europa en tener una norma que regule las condiciones de trabajo de las personas LGTBI».
El Gobierno ha estado negociando a lo largo de estos últimos meses con los interlocutores para sacar adelante el reglamento que obliga a las empresas de más de cincuenta trabajadores a desarrollar medidas para garantizar la plena igualdad real y efectiva de las personas LGTBI en el empleo, entre las que se incluye formar a toda la plantilla sobre los derechos de este colectivo, y más concretamente a las personas encargadas de realizar los procesos de selección. «Las personas que seleccionen a cualquier trabajador o trabajadora tienen que tener formación específica en las personas LGTBI», explicó Díaz. El objetivo es «garantizar un adecuado proceso de selección y contratación», según detalla el texto al que ha tenido acceso este periódico.
Y esta vez ha conseguido lo que no se había logrado desde hace quince meses: el sí de los empresarios a este texto, el que no obtuvo para la reforma del subsidio. Hay que remontarse al 23 de febrero de 2023 para encontrar el último acuerdo del diálogo social, en la pasada legislatura, cuando se firmaron un total de 15 pactos tripartitos. En la actualidad parecía una tarea casi imposible a la vista de los duros reproches que le ha lanzado la CEOE en los últimos meses al Ejecutivo -más concretamente a Yolanda Díaz- por su «deriva intervencionista» y sus continuas injerencias en el diálogo social.
Es más, el último golpe en la mesa fue recientemente, el pasado 22 de mayo, cuando la patronal acusó al Gobierno de vulnerar la Constitución, «querer romper» el diálogo social y actuar por intereses «políticos» y no económicos. Su enfado se debía a la aprobación de la prevalencia de los convenios autonómicos y a la reforma del Consejo Económico y Social para dar cabida a otras patronales, entre ellas su rival Pimec.
Lo que no está aún claro es que vuelva a repetirse la foto de Díaz junto al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y de Cepyme, Gerardo Cuerva, durante la firma del acuerdo. Porque aunque desde Trabajo confirmaron a este periódico que habrá un acto, desde la CEOE rebajan el entusiasmo de Díaz al vender este acuerdo y prefieren hablar de que han dado el visto bueno al desarrollo reglamentario que «sí se ha llevado en esta ocasión a la mesa del diálogo social». Sin embargo, optan por evitar la palabra acuerdo, ya que consideran que se trata solo de un «desarrollo reglamentario de una ley que ya existía».
Este nuevo reglamento obligará a reabrir las negociaciones de todos los convenios en vigor para incluir medidas como la creación de un protocolo contra el acoso y la violencia para identificar prácticas preventivas y mecanismos de detección y de actuación frente al mismo y otro protocolo de acompañamiento a las personas trans en el empleo.
Además, la Inspección de Trabajo vigilará el cumplimiento de estas medidas y sancionará a las empresas que no cumplan la norma, señalaron desde el ministerio.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) incluyó este lunes a España en la lista de países que incumplen con sus convenios internacionales. En este caso, entra en la 'lista negra' por vulnerar el artículo 144, que establece que el Gobierno debe reunirse con los sindicatos y los empresarios para negociar las normas que regulan todos los aspectos relacionados con el trabajo, según confirmó UGT a este periódico.
Desde este sindicato consideraron «injusto» incluir a España en un listado donde hay «grandes incumplidores» por una denuncia que hicieron ellos mismos en 2012 por la aprobación de la reforma laboral del PP. Sostienen que la patronal se está «aprovechando de algo que sí fue grave» y afirman que la situación del diálogo social en España es «razonablemente buena».
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