Díaz activa la reducción de la jornada tras enmendar a los empresarios su ausencia del SMI

Será el próximo jueves 25 de enero cuando Trabajo se siente en la mesa junto a sindicatos y patronal para negociar esta medida aunque con algunos matices. Porque, de facto, la jornada laboral española ya es de 38,5 horas semanales, frente a las 40 oficiales. Por lo que la negociación se centrará previsiblemente en reforzar los mecanismos de control horario para que se cumpla lo pactado en cada empresa en materia de horario laboal.

En su intervención tras suscribir con CCOO y UGT el acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional de 2024, Díaz ha señalado que ese día comenzarán los trabajos entre el Gobierno y los agentes sociales para reducir una jornada laboral que lleva «40 años congelada» en España. En concreto, este acuerdo contempla reducir la jornada laboral desde las 40 horas semanales actuales a las 37,5 horas para 2025 sin merma salarial. Entre medias, la idea es que en 2024 la jornada se recorte hasta las 38,5 horas.

«Vamos a reducir la jornada laboral que lleva congelada 40 años en nuestro país, pero sin reducción salarial, porque esto es lo que va a hacer que sigamos subiendo los salarios en nuestro país», ha subrayado Díaz. Fuentes del Ministerio de Trabajo han indicado que, como la jornada laboral media efectiva ya es de 38,5 horas a la semana, lo que se va a trabajar en la mesa de negociación es, sobre todo, cómo reforzar y mejorar el funcionamiento del registro horario al que están obligadas las empresas para que se cumplan realmente esas 38,5 horas.

La vicepresidenta ha indicado que el objetivo de su Departamento es contar con un modelo de relaciones laborales que mejore la productividad, pues España tiene un diferencial negativo de seis puntos con Europa. «Vamos a seguir luchando por la ampliación de los derechos laborales y sociales», ha reseñado la ministra.

Díaz ha rubricado la subida del SMI junto a los líderes de CC OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, para elevar esa cuantía hasta los 1.134 euros mensuales, un 5% más que el año pasado. Tras la firma del acuerdo, la ministra Díaz ha agradecido a los sindicatos su compromiso con los intereses generales «por encima de las lógicas particulares» y ha resaltado que con esta subida del SMI se amplían los derechos de los trabajadores con los salarios más bajos.

De hecho, el aumento de 2024, que no ha sido respaldado por CEOE y Cepyme, beneficiará a más de 2,5 millones de personas, de las que un tercio son mujeres y jóvenes.

En este sentido, los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han destacado en el acto de firma del acuerdo que la subida del SMI tiene «cara de mujer y de joven», pues el perfil tipo del perceptor de esta renta mínima «es mujer, joven, con contrato temporal y que trabaja en sectores como el comercio, la hostelería o en los sectores agroalimentarios».

Los dirigentes sindicales han resaltado además que el SMI «es uno de los elementos fundamentales de justicia social y de reparto de riqueza» y sus efectos son «extraordinariamente positivos» sobre la economía española, pues su subida contribuye al mantenimiento y la mejora del consumo, a reducir las desigualdades y a impulsar la productividad.

«La subida de los salarios puede impulsar la mejora de la productividad de la economía porque si se suben los salarios y sobre todo los salarios más bajos se favorecen los mejores proyectos empresariales y se desincentivan los peores proyectos empresariales. Algunos llamarán a esto ideología, pero es una realidad que se puede demostrar ahora mismo con datos empíricamente en España», ha enfatizado Sordo.

Álvarez, por su lado, ha advertido de que la «ambición desmedida» de los empresarios por los beneficios obliga a seguir trabajando «más y más a fondo» con el SMI, de forma que ha pedido que, por ley, se regule «hasta qué punto es necesario que, de manera automática, los salarios más bajos de convenio afectados por el SMI puedan sumar ese aumento en las propias escalas salariales», evitando disputas que pueden acabar en los tribunales.

«Es muy importante que el SMI sea un soporte permanente a la acción de la negociación colectiva», ha añadido el líder de CCOO, que ha insistido, al igual que Álvarez, en la necesidad de que el SMI «no se desacople» del 60% del salario medio que recomienda la Carta Social Europea.

Tanto Álvarez como Sordo han lamentado que CEOE y Cepyme no se hayan sumado al acuerdo «a pesar de todas las facilidades» que se les ha dado y confían en que su ausencia en este pacto no afecte al desarrollo de otras mesas de diálogo social.

Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme no se han sumado al mismo alegando que no se han atendido sus demandas de indexar el SMI a los contratos públicos y de establecer bonificaciones para el sector del campo.

Díaz ha recalcado a los sindicatos que la subida del SMI alcanzada ha superado en un 1,5% el IPC con el que ha cerrado el año, que se ha situado en un 3,1%, según el INE. «Sé que los sindicatos querían avanzar más, pero es importante resaltar esto», ha apuntado la ministra de Trabajo.

Durante la rueda de prensa, la ministra de Trabajo ha afirmado que «sería bueno» abrir el debate sobre los salarios que se perciben en algún consejo de administración, algo de lo que «nunca» se habla.

«Hablamos del SMI, del salario de las personas más necesitadas, pero tendremos que tener un debate en nuestro país sobre los elevadísimos salarios de muchos miembros de las empresas de nuestro país», ha apuntado Díaz.

Al respecto, el líder de CCOO ha señalado, en declaraciones a la prensa, que se trata de un debate que, efectivamente, debe abrirse porque se trata de salarios «absolutamente disparatados y a veces poco acordes al valor añadido que generan a sus empresas».

«Se pontifica mucho sobre los efectos del SMI en la generación de destrucción de empleo y se habla bastante menos de los sistemas de incentivos, a veces perversos, que tienen muchos de los grandes directivos. Gran parte de la crisis que nos pasó por encima hace 12 años tenía que ver, entre otras cosas, con los sistemas perversos de incentivos que tenían muchos de los directivos de las empresas financieras. Éste es un debate que nunca está encima de la mesa porque afecta a la élite de la sociedad», ha denunciado.