Contratar una empleada del hogar cuesta este año 133 euros más al mes

Concretamente, contratar a una doméstica por una jornada de ocho horas diarias, algo que muchos hogares hacen para atender al cuidado de los niños o de una persona mayor o dependiente, supone ya un desembolso mensual de 1.537 euros al mes, aunque de esta nómina el empleador puede descontar si quiere la cuota a la Seguridad Social que corresponde a la trabajadora y que este año se sitúa en los 80 euros. Significa esto que en 2023 las familias se gastarán casi 18.500 euros por este servicio que para muchos supone una necesidad, 9.400 euros si la tienen solo a media jornada.

El sueldo de una empleada del hogar pasará en 2023, al igual que el resto de los cerca de 2,5 millones de trabajadores que cobran el salario mínimo, de 1.000 euros a 1.080 euros repartidos en 14 pagas (1.260 euros en 12 mensualidades), tras la reciente subida del 8% aprobada por el Gobierno. Esto supone un coste adicional de 1.120 euros al año.

Pero a este alza de la remuneración legal más baja en España (que es la que habitualmente se paga a este colectivo) hay que sumar el encarecimiento de las cotizaciones que se paga por tener a una doméstica, ya que al aumento de la base mínima derivada del alza del SMI hay que sumar el nuevo sistema de cotización que rige en este sector desde el pasado mes de octubre y el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) que entró en vigor en enero para pagar las pensiones de la generación del 'baby boom'.

Así, si en enero de 2022 el empleador pagaba una cuota de 237,7 euros al mes por su trabajadora del hogar, esta cantidad se ha elevado este año a 277,45 euros mensuales (descontado ya el 20% de bonificación que hay), lo que supone un incremento de 39,68 euros al mes -según los cálculos realizados para este periódico por Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha)-, lo que supone un extra de casi 500 euros en el último año.

Las empleadas del hogar estrenaron el pasado octubre un nuevo sistema de cotización que prácticamente las equipara en derechos al resto de trabajadores del Régimen General, ya que históricamente sufrían una fuerte discriminación que les privaba del derecho a paro, al resto de prestaciones asistenciales o a bajas laborales, entre otros. Así, ahora es obligatorio cotizar por desempleo y Fogasa (el fondo de garantía social que se hace cargo de las indemnizaciones cuando hay insolvencias), tanto para el empleador como para la trabajadora (en femenino porque ellas son el 95% del colectivo), lo que implicará un mayor esfuerzo contributivo para ambos, aunque el Gobierno bonifica a las familias con el 80% de esta nueva cuota.

Pero además la nueva norma modifica las bases de cotización de este colectivo, que pasan de regirse por diez tramos a ocho, elevando la cuota mínima para las relaciones laborales de menos horas y eliminando los dos tramos más altos. Eso sí, el gobierno bonifica a todos los hogares con una reducción del 20% en la aportación empresarial a la cotización por contingencias comunes, que puede elevarse al 45% en el caso de las familias numerosas.

Asimismo, si hasta ahora la ley eximía de la obligación de cotizar por su trabajadora a los empleadores que la tuvieran menos de 60 horas al mes, el nuevo real decreto elimina este precepto y desde el 1 de enero las altas y bajas y las modificaciones de las condiciones de trabajo deberán ser gestionadas por la persona que contrata, como en el resto de empleos. Y también se pone fin al despido sin causa, aunque se mantiene una indemnización mínima de 12 días por año trabajado con un máximo de seis mensualidades.

Todas estas nuevas obligaciones y la fuerte espiral de costes derivada de una subida histórica del salario mínimo en los últimos cinco años lleva a las empleadas del hogar al nivel más bajo de ocupación desde el año 2012 y apenas un 6,7% de los hogares españoles tiene servicio doméstico remunerado, según una reciente encuesta del INE.

Poco más de 375.000 personas están dadas de alta en la Seguridad Social en el régimen del hogar, un recorte de casi el 10%. Los datos de la EPA eleva el número de trabajadoras domésticas hasta los 544.000 a cierre de 2022, 120.000 menos que una década atrás (una caída de más del 18%), de las cuales menos de 250.000 están a jornada completa. Esta diferencia de datos deja entrever, además, que casi 170.000 mujeres están trabajando de forma irregular.