CEOE rompe toda negociación con Yolanda Díaz por «traicionar» el acuerdo sobre la reforma laboral

Hasta tal grado llega el malestar, que CEOE y Cepyme han decidido romper toda negociación con el Ministerio de Trabajo –y más concretamente con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz– hasta que no rectifique y retire la enmienda transaccional que incluyó el pasado martes en la Ley de Empleo en la que se recupera el control previo de la Inspección de Trabajo sobre las causas de los ERE, lo que en la práctica resta poder a las empresas a la hora de realizar despidos colectivos.

«La enmienda transaccional aprobada por el Ministerio de Trabajo para reponer el control de las causas en los despidos colectivos (ERE) es una traición al acuerdo alcanzado en la reforma laboral», denunció la patronal en un comunicado enviado este miércoles a la prensa.

La organización liderada por Antonio Garamendi recalca que esta medida que el Ministerio ha colado a través de una enmienda pactada con EH Bildu fue ya objeto de debate durante los trabajos de la reforma laboral y «apartada de mutuo acuerdo en aras del consenso», por lo que denuncian que «supone una ruptura de la buena fe negocial, imprescindible en todo proceso de negociación, que obliga a las partes a respetar y defender los acuerdos alcanzados, actuación que invalida al Ministerio de Trabajo como interlocutor fiable».

«A la espera de una rectificación, los empresarios españoles rechazamos la interlocución con el Ministerio de Trabajo por entenderla tramposa y contraria a la buena fe», reitera el duro comunicado enviado por la patronal, que explica que este asunto se tratará y ratificará en la junta directiva que celebrarán el próximo 21 de diciembre, la primera tras la reelección de Garamendi.

Asimismo, los empresarios advierten al Gobierno que esta modificación que tiene como fin intervenir las decisiones empresariales es contraria a la Constitución y al derecho a la libertad de empresa y contraviene la normativa europea, que no admite una regulación que sustraiga al empresario la facultad decisoria como establecen numerosas sentencias, entre otras, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con fecha 21 de diciembre de 2016.

La nueva Ley de Empleo, que ya ha iniciado su tramitación parlamentaria y previsiblemente se votará la semana que viene, incluyó una enmienda transaccional de Bildu para que, en caso de que una empresa lleve a cabo un despido colectivo, la Inspección de Trabajo se pronuncie, de forma preceptiva, sobre si concurren o no las causas alegadas. Esta obligación la eliminó el Gobierno de Mariano Rajoy en la reforma laboral de 2012, cuando también suprimió la autoridad administrativa previa que se exigía hasta entonces, con lo que en la práctica dio mayor libertad a las empresas para realizar ERE en plena crisis económica.

Los sindicatos reclamaban recuperar estas condiciones en la contrarreforma laboral aprobada hace un año, pero finalmente Díaz desistió para atraer a la patronal al acuerdo. Ahora, sin embargo, el texto pactado sin consulta con los agentes sociales atiende en cierta medida esta reclamación, ya que refuerza el control de la Inspección sobre las causas de un ERE, su acreditación y adecuación a lo alegado por la compañía para hacerlo, por lo que si la Inspección no ve causa justificada el ERE será tumbado en los juzgados si se denuncia.

Se trata del segundo comunicado de la CEOE en apenas dos meses en el que carga contra el Ejecutivo, después del que emitió en octubre pasado para calificar de «inadmisible» la subida sorpresa de las cotizaciones máximas un 8,6%. Las relaciones de los empresarios con el Gobierno se enturbian cada vez más en esta recta final de legislatura y cuando quedan quince días para tener que cerrar dos temas tan relevantes como la nueva subida del salario mínimo para 2023, que la ministra Yolanda Díaz pretendía negociar en los próximos días, y la segunda fase de la reforma de las pensiones, de la que depende un nuevo desembolso de fondos europeos.