La CEOE rechaza por unanimidad la reducción de jornada y complica su aprobación en el Congreso

La CEOE advierte de que si se aprueba por ley la reducción de jornada «se debilitará el marco de negociación colectiva, que ha sido fundamental para mantener la paz social durante los últimos 40 años» y, en la práctica, «abocará a muchas empresas, especialmente a pymes y autónomos, a una reorganización forzada que pondrá al límite su capacidad de organización interna y su supervivencia».

Además, discrepan de la tesis de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y sostienen que «difícilmente» aumentará la productividad. «Adoptar medidas como ésta, con carácter general, tiene poco sentido si se tiene en cuenta las enormes diferencias existentes entre los distintos sectores económicos y entre comunidades autónomas», concluyen.

Sin la CEOE, Trabajo tratará ahora de acordar esta medida con los sindicatos y llevarla «cuanto antes al Parlamento. «Intentaremos que los sindicatos presentes en la mesa nos respalden. Naturalmente, para alcanzar un acuerdo con las organizaciones sindicales, tendremos que establecer algunas medidas en el texto que se acomoden a lo que piden las organizaciones sindicales», advirtió este martes el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, en clara alusión a que las ayudas ofrecidas a pymes y autónomos pueden desaparecer.

El secretario de Estado cree que los sindicatos no estarán dispuestos a asumir algunas de las medidas que planteó el Ministerio para que CEOE y Cepyme apoyaran la reducción de la jornada laboral. «Buscaremos un acuerdo con las organizaciones sindicales para trasladar cuanto antes al Congreso de los Diputados esta reforma capital», recalcó Pérez Rey.

La última oferta de Díaz ha soliviantado aún más a la patronal por no llegar ni siquiera a 800 euros para cada pequeña empresa –según sus estimaciones (resultado de dividir 375 millones entre ese cerca de medio millón de micropymes que el Gobierno calcula podrían beneficiarse)–, una cantidad mínima –denuncian– para ese elevado coste que tendrían que afrontar las empresas por ese recorte de jornada: unos cerca de 12.000 millones de euros de impacto directo por las horas que se dejarían de trabajar. Es decir, las medidas que propone no tienen apenas alcance económico y, además de ser exiguas, están condicionadas a mantener el empleo en la empresa durante tres años, pese a que la bonificación, por ejemplo, es para un máximo de un año.