Calviño desconcierta al decir que la negociación de la reforma laboral no ha comenzado

El Gobierno envió mensajes un tanto contradictorios sobre la norma para modernizar el mercado de trabajo. Así, mientras la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, evitó hablar de derogar la reforma laboral del PP, el presidente Pedro Sánchez, que no pudo estar presente en el acto de inauguración e intervino telemáticamente, volvió a insistir, cuatro días después de sus declaraciones en el Congreso del PSOE, en que hay que darle carpetazo definitivo. «Nos queda el trabajo más importante por hacer, porque las leyes impuestas que precarizaron los contratos y bajaron los salarios no pueden formar parte del futuro de nuestro país», aseguró, para regocijo de UGT y CCOO.

Por el contrario, Calviño se resistió a sumarse a este mensaje de su presidente y pidió «superar el debate sobre reformas o contrarreformas laborales» y centrar los esfuerzos en llegar a un acuerdo en las próximas semanas con patronal y sindicatos para poner en marcha «un paquete equilibrado de cambios que modernicen nuestro mercado laboral». Un acuerdo que debe alcanzarse en cualquier caso antes de fin de año.

Solo en el plazo para aprobar una nueva ley parece existir consenso dentro del Ejecutivo. Porque la vicepresidenta primera desconcertó con unas declaraciones que hizo a los periodistas allí congregados al asegurar por dos veces que la negociación de la reforma laboral aún no ha comenzado. «Ha habido encuentros y contactos preeliminares, pero de momento no se ha iniciado la fase de negociación y de concreción de ese paquete de reformas». Y precisó que «en las próximas semanas tenemos que empezar a trabajar con los agentes sociales para abordar una simplificación de los contratos y reducir la temporalidad excesiva, modernizar la negociación colectiva, regular efectivamente la subcontratación y crear mecanismos de flexibilidad y estabilidad del empleo». Como si poco o nada se hubiera hecho hasta ahora... O al menos nada válido o que cuente con su supervisión.

Sus palabras chocan frontalmente con las de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que es la que está pilotando esta negociación con los interlocutores sociales. Así, Díaz se ha afanado en las últimas semanas en repetir que los trabajos están «muy avanzados» y ha mostrado su confianza en que a lo largo del mes de noviembre –que es el plazo que ella se ha fijado– habrá un acuerdo para que la nueva norma pueda ver la luz antes de que termine el año, como así se han comprometido con Bruselas.

Su departamento lleva ya varios meses con reuniones prácticamente semanales y encima de la mesa hay ya varias propuestas, la última la que pretende limitar al 15% la temporalidad en las empresas. A este respecto, Sordo se mostró también sorprendido por estas declaraciones de Calviño e incluso resaltó que antes de que estallara la pandemia ya tenían casi cerrado el apartado de la negociación colectiva, que pretende recuperar la ultraactividad y devolver la prevalencia al convenio del sector.

En esta línea, Pepe Álvarez, el líder de UGT, reivindicó la necesidad -que remarcó «no es un capricho de las organizaciones sindicales»- de derogar las reformas laborales y abogó por establecer una tabla de sanciones para las empresas que cometan fraudes en la contratación. Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, lanzó un dardo al Ejecutivo: «Cuando nos sentamos bilateralmente conseguimos muchas más cosas que con el Gobierno presente».

Pero antes de que esta nueva norma vea la luz, lo hará el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que sustituirá al factor de sostenibilidad. El nuevo diseño se presentará «de manera inminente» a los interlocutores sociales, aseguró en este acto el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. El calendario apremia puesto que debe estar listo antes del 15 de noviembre.