UGT bloqueará toda negociación si no se sube el salario mínimo en septiembre

«Espero que la palabra del presidente de un aumento inmediato se plasme y lo tengamos, con o sin acuerdo», señaló el asturiano, que precisó que si el Ejecutivo decide un «aumento menor» para 2021, «no habrá bloqueo de las mesas pero habrá movilizaciones».

En cualquier caso, desde UGT prometieron «hacer todo lo posible para que se firme el acuerdo» y, tal y como adelantó este periódico, confirmó que flexibilizarán el incremento exigido para 2021, de entre 25 y 30 euros, si se fija una senda para los próximos dos años que eleven el sueldo más bajo al 60% del salario medio, que el comité de expertos fija en 1.049 euros en 2023 (en su franja más alta) y los sindicatos elevan a los 1.060 euros. «Si hay un acuerdo a tres años vamos a ser más flexibles con este año, pero no con el objetivo final: nos tenemos que situar en 1.060 euros en 2023 y en 2022 la subida razonable sería mínimo 1.000 euros».

Además, Álvarez también defendió que hay que «hacer todo lo posible» para que la CEOE esté en este acuerdo y no descartó que, pese al rechazo frontal que a día de hoy mantiene la patronal, finalmente se sume. «Hemos estado muchas veces al borde del no acuerdo y finalmente se ha encontrado ese punto de equilibrio», recordó. Pero, si no lo hace, advirtió a los empresarios de que «no firmar no sale gratis y es un mal presagio para el resto de los acuerdos que hay en marcha».

También desde el Gobierno lanzaron a la patronal una amenaza velada y le hicieron un llamamiento para ceder y llegar a un pacto. «No parece lógico que dentro de tres días empecemos una negociación en la que los representantes empresariales digan que hay que extender las bonificaciones y las prestaciones cuando no haya habido una acuerdo. Esto es muy difícil de explicar», reprochó también la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, quien apuntó que los ciudadanos no entenderían que desde el mundo empresarial no haya «»ningún tipo de sensibilidad» con la necesidad de mejorar las condiciones de los trabajadores que tienen los salarios más bajos, sobre todo cuando en septiembre también se tendrá que decidir qué hacer con los Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y la prestación de los autónomos, cuyos plazos finalizan el 30 de este mes.

Precisamente Escrivá anunció que la semana que viene comenzarán a hablar con los agentes sociales sobre la nueva prórroga de los ERTE, concretarán los números que hay (260.000, según precisó, pero inactivos a tiempo completo unos 150.000), analizarán los «pocos» sectores donde todavía son necesarios y discutirán la «mejor situación». «Buscaremos la mejor solución de transición hacia adelante con los agentes sociales», prometió.