Avalancha de oposiciones para convertir en funcionarios a 300.000 interinos

El objetivo es que estos trabajadores eventuales, muchos de los cuales llevan años encadenando un contrato tras otro, se conviertan en personal fijo de las Administraciones Públicas como tarde a final de 2024. Y para ello, Iceta anunció que llevarán a cabo un «proceso de estabilización» que culminará los que ya se iniciaron en 2017 y 2018 y que será el «más ambicioso» de los que se han realizado. Además, se marca un plazo muy limitado de tiempo: las deberán convocar este mismo año, ya que, con objeto de evitar más retrasos, el Ejecutivo se ha comprometido con Bruselas en el plan de recuperación que «los procesos de estabilización (los ya existentes y los que se añadan a estos) deban producirse en todo caso antes del 31 de diciembre de 2021 y que la ejecución deba finalizar antes del 31 de diciembre de 2024».

¿Qué supone esto? Supone que el Gobierno tendrá que convocar a lo largo de 2021 un número aún indeterminado de plazas para estabilizar esos 300.000 empleos. No tienen por qué ser 300.000, puesto que muchas ya se pueden haber convocado en los años anteriores. En el plan cifraron en 154.000 las plazas ya convocadas pero solo 56.000 ejecutadas. Sin embargo, tal y como estipula la ley, podrán presentarse a estos puestos no solo los interinos, sino todos aquellos que así lo deseen y cumplan los requisitos. Así, no significa asegurar estas plazas a los trabajadores que ahora las ocupan, sino que cualquiera podrá optar a ellas, porque la ley recoge que el acceso se realizará mediante concurso y oposición respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad. No obstante, lo que sí puede hacer es flexibilizar la fase de oposición para que la mayoría de ellos logren pasar a la fase de concurso y, en esta, premiar la antigüedad, experiencia y los méritos para que esos interinos que llevan muchos años en su puesto puedan acreditar muchos puntos y conseguir más fácil su plaza.

Para ello, los sindicatos esperan que el ministerio les convoque próximamente a negociar cómo se hará este proceso. Desde CC OO exigen que se haga bajo dos premisas: «seguridad jurídica», para que los tribunales no puedan tumbar los procesos, pero a la vez con «eficacia», lo que quiere decir que sirvan para consolidar a los eventuales y a los interinos en su plaza, siempre con respeto a los principios legales, según precisa Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza.

Desde CSIF, por su parte, reclaman una solución que aporte seguridad jurídica al proceso de estabilización, que se lleven a cabo sanciones a las administraciones que hagan uso de plazas interinas de manera fraudulenta y que se repare a las personas que llevan años en esta situación en abuso de ley tal y como han establecido los tribunales de la UE.

Con ello el Gobierno espera cumplir con el compromiso de reducir la temporalidad de la Administración Pública al 8%, cuando en la actualidad supera el 30%. Bien es verdad que esta alta tasa de eventualidad se concentra principalmente en las Comunidades Autónomas, donde se roza el 38%, mientras que en los ayuntamientos cae hasta el 13% de media y en la Administración General del Estado (AGE) no llega a ese 8%. La razón es muy sencilla: son las administraciones autonómicas las que gestionan los servicios de sanidad y educación, que es donde se ha ido concentrando la mayor proporción de trabajadores con carácter temporal, según apuntó el ministro catalán.

Además, para lograr este objetivo, el Ejecutivo sancionará a aquellas administraciones que abusen de interinos para cubrir plazas fijas, al igual que sucede en las empresas privadas. Una de las penalizaciones que impondría sería que si en tres años una administración no estabiliza una plaza estructural, la perdería, según dejó caer Iceta.

Por otra parte, para rejuvenecer y modernizar la Administración, que cuenta con una plantilla con 52 años de media, 10 más que en el sector privado, el Gobierno modificará las pruebas de acceso para dar menos peso al contenido memorístico y más a las actitudes y aptitudes de los candidatos. Para ello presentarán un borrador antes de que termine el mes de mayo, apuntó el ministro.