La AIReF denuncia que «no se puede saber» el gasto real en políticas activas de empleo

Pese a ello, la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) denunció este miércoles que «no se puede saber exactamente cuánto nos gastamos» en ellas. Sí hace, no obstante, un cálculo estimativo con datos de 2017 (el último ejercicio con una ejecución presupuestaria definitiva) para apuntar una horquilla anual de entre 6.100 y 6.500 millones de euros.

Aunque el grueso de la dotación corresponde al Estado –2.126 millones en los Presupuestos de 2018, prorrogados para este año–, hay que sumar los fondos aportados por las comunidades autónomas y los ayuntamientos. En un informe muy crítico con la gestión de estos recursos y la «insuficiencia» de los datos suministrados por las administraciones implicadas, el órgano fiscalizador que preside José Luis Escrivá considera «básica la dimensión local en las buenas prácticas internacionales» –de las que España, censura, está «alejada» en la contabilización de los recursos para el empleo– y propone «una estrategia que involucre más a esos agentes».

No obstante, y pese a la «calidad mejorable» de la información –se advierte en el informe–, los responsables de la AIReF ven más un problema de «asignación ineficaz de los recursos» en las actuaciones financiadas que un posible descontrol del gasto. Aunque esto último –admiten– puede deberse a que «no ha sido posible la evaluación completa» de esas políticas activas a nivel autonómico, tan solo en parte en Aragón y en el extinto plan estatal denominado Programa de Recualificación Profesional (Prepara), del que señala que en realidad «no ha mejorado la probabilidad de incorporarse al mercado laboral» de sus participantes (850.000 beneficiarios en seis años), «fundamentalmente» durante los seis meses que dura el cobro de dicha prestación.

De esta manera, a juicio de la autoridad fiscal estaríamos ante un subsidio más –al que destinaron 1.432 millones entre 2012 y 2017– y no serviría para el objetivo para el que fue creado el Prepara –sustituido luego por el Programa de Activación para el Empleo (PAE)–, esto es, impulsar la recolocación de los parados de larga duración. Por todo ello, desde la AIReF se aconseja ligar los incentivos económicos en materia de empleo directamente a la consecución de objetivos.

«El objetivo es gastar mejor», subraya en su estudio, donde reclama a las autoridades políticas que se identifique «qué programas, servicios e itinerarios son más eficaces», además de solicitar una «adecuada coordinación» entre la administración central y las territoriales, sobre todo con las autonomías. En este sentido, propone que se recurra más a la colaboración público-privada y se pague a estas empresas según las reinserciones laborales que logren, al tiempo que se dan incentivos a los trabajadores de las oficinas públicas de empleo por resultados.

Critica también el órgano fiscalizador la distribución que se hace de los fondos de esas políticas activas de empleo, aunque en términos de Producto Interior Bruto (PIB) se gaste un montante similar al de otros países. Ve excesivo que se destine el 40% a incentivar la contratación –el doble que en otras economías de la UE, como Alemania– en vez de elevar la financiación a los orientadores profesionales (reciben el 15% de los recursos), pues considera que éstos pueden dar una ayuda personalizada y más eficaz a los parados como se hace en buena parte de la Europa comunitaria.

Otra cuarta parte se destina a la formación, un sistema que ve «cuestionable» tras detectar una «escasa vinculación» entre los cursos recibidos y las necesidades del mercado laboral. Por eso pide que se definan nuevos perfiles en función de lo que demanden las empresas. Y reprocha, además, que «la trazabilidad del gasto es insuficiente para poder conocer los flujos de principio a fin», presentando «claras deficiencias» y considerando también que «los criterios contables» necesarios para ello tampoco «están normalizados».