Solo un 28% de los hogares que cobran el ingreso mínimo ha logrado salir de la pobreza

El departamento dirigido por Elma Saiz entiende que es una noticia «positiva» que más de 216.000 hogares ya no perciban esta ayuda, porque significa que han conseguido aumentar sus ingresos gracias a un empleo y superar, por tanto, el umbral de renta establecido para poder acceder. Pero también se puede hacer una interpretación más negativa: significa también que solo el 28% de los beneficiarios logra encontrar un puesto de trabajo y mejorar su situación económica, que es el fin último, y son muchos los que se cronifican.

Porque a lo largo de sus casi cuatro años de historia el ingreso mínimo vital, la medida estrella de la anterior legislatura de Pedro Sánchez, acumula un total de 773.654 hogares beneficiados, donde vivían 2,27 millones de personas, por lo que ha alcanzado al 4,6% de la población española. Estos eran los datos que iban engordando mes a mes, pero ayer se conoció que en febrero son un total de 557.405 familias, formadas por 1,66 millones de personas, las que han cobrado una ayuda por una cuantía media de 500 euros al mes (repartidos en 12 pagas, no en 14), 167 euros mensuales por cada beneficiario.

El Gobierno reconoce que esta prestación no está llegando a todos los hogares que realmente la necesitan, ni mucho menos. Aunque desde Seguridad Social no quieren cuantificar ahora cuántos potenciales beneficiarios de esta renta mínima habría, cuando la puso en marcha se había marcado como objetivo alcanzar los 850.000, una cifra que está muy lejana a los perceptores actuales.

Más todavía si se tiene en cuenta que los hogares que realmente ingresaron el IMV en febrero se reducen a 376.073, una vez que se excluyen a aquellos que solo cobran el Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI), que el ministerio añade a esta estadística y considera que también son IMV pero no así la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Por tanto, serían menos de la mitad de los potenciales beneficiarios los que lo estarían recibiendo, puesto que aunque el Gobierno dice ahora que las 850.000 familias ya no es una cifra adecuada al haber mejorado la economía y el mercado laboral respecto a 2020, sí da por válida la tasa de no cobertura (lo que se conoce como 'non take-up') que la Airef situó en el 58% en 2022.

Por ello el Ejecutivo se ha puesto de nuevo manos a la obra para mejorar una prestación que nació con prisas, por estar en plena pandemia, y, aunque ya ha ido incorporando muchas modificaciones –como ampliar umbrales de renta, reducir trabas y combinarse con un empleo– no termina de despegar con fuerza. Así, uno de los cambios que estudia es flexibilizar la unidad de convivencia –elevando los ingresos máximos– para llegar a más hogares, puesto que en los análisis realizados por Seguridad Social han visto que es ahí donde están las mayores dificultades para su acceso, según fuentes del ministerio. Para ello abrió ayer una mesa de trabajo con los sindicatos y la patronal para realizar un mayor seguimiento y evaluación.