La patronal de la estiba rechaza la propuesta sindical por infringir la ley y los paros en los puertos vuelven el lunes

De hecho, la organización ni siquiera llegó a votar el documento sindical, dado que un informe jurídico que había encargado al bufete Garrigues así lo desaconsejaba tras detectar tres principales elementos de riesgo. El primero es la «discriminación a diferentes empresas en el coste retributivo», al vincular la rebaja salarial del 5% que adelantarían los estibadores solo a aquellas que acepten mantener un sistema parecido al actual con los nuevos centros portuarios de empleo, que según el decreto deberían operar como empresas de trabajo temporal. Y rechazan, a su vez, que éstos tengan «competencia exclusiva» para la selección y contratación del personal.

También se oponen a que se pueda crear un «comité de coordinación» entre dichos centros y sus antecesoras actuales, las Sagep, junto a las propias empresas estibadoras, a fin de regular las actividades formativas, prácticas, traslados, subrogaciones, ingresos y contrataciones. Estas compañías alegan la imposibilidad de realizar este tipo de prácticas porque, a su entender, podrían llegar a ser sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con multas de hasta el 10% de la facturación de cada una de ellas y otros 60.000 euros para cada persona directamente implicada.

Pese a su rechazo a un plan que los sindicatos veían «imprescindible» para poder suspender sus paros, que tras las nuevas convocatorias se alargarán hasta principios de julio, la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco) dijo mantener su «firme voluntad de alcanzar acuerdos a la mayor brevedad posible». En este sentido, el martes próximo presentarán una contrapropuesta, al tiempo que llamaron a la «responsabilidad» de los representantes de los trabajadores para anular mientras las huelgas y permitir un marzo razonable de diálogo.

Ni la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), mayoritaria entre las plantillas, ni el resto de organizaciones sindicales se pronunciaron ayer sobre la decisión de la patronal, aunque sí anunciaron que el próximo 29 de junio -coincidiendo con uno de los cuatro nuevos paros de 48 horas consecutivas que ya han convocado entre dicha fecha y el 8 de julio- el Consejo Internacional de Estibadores (IDC), la mayor confederación de este colectivo, ha convocado un paro de dos horas en todos los puertos de Europa. El motivo de la protesta es doble: de un lado, rechazar las políticas «ultra-liberales» de la Comisión Europea y, por otro, apoyar a sus colegas españoles.

La propuesta sindical rechazada este viernes por las empresas de estiba ofrece adelantar una rebaja del 5% del salario, mientras que otro 5% lo harían al finalizar la negociación del convenio colectivo. También se comprometen a que hubiera paz social hasta el 30 de septiembre si en este tiempo las empresas aceptan la subrogación de las plantillas actuales, lo que éstas vinculan a que antes se produzcan prejubilaciones y salidas voluntarias.

Otro punto conflictivo es la adscripción de las concesionarias de los servicios a los nuevos centros portuarios de empleo, lo que en la práctica podría suponer una continuación del modelo anterior que fue liberalizado vía decreto a mediados de mayo. Gracias a esa reforma legislativa, reclamada por las autoridades europeas, se logró evitar una segunda multa de Bruselas.

La huelga de los servicios de carga y descarga de mercancías en los puertos ya ha pasado una factura de 146 millones de euros a la economía, según el Ministerio de Fomento, que suma para ello costes directos e inducidos que, en este caso, resultan algo mayores. Solo entre el miércoles y el viernes, tras su primer paro de 48 horas, el impacto negativo ha ascendido a 110 millones, lo que supone casi cuadruplicar las pérdidas de la semana pasada, que supusieron 36 millones en tres días de movilizaciones en horas alternas.