El Gobierno rechaza ahora asegurar por ley la subrogación de los estibadores

Su respuesta a la, hoy en día, principal reivindicación de los estibadores sorprendió en parte a sus representantes, dado que el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, se mostró días atrás «dispuesto a» garantizar el empleo a través de «un instrumento normativo». Ese ofrecimiento, no obstante, lo vinculaba a la «imprescindible» aprobación el jueves pasado en el Pleno del Congreso del polémico decreto que liberalizará el sector en cumplimiento de una sentencia europea, iniciativa legal que finalmente fue rechazada.

En la propuesta de acuerdo tripartito que el Ejecutivo entregó a los agentes sociales hace una semana no se incluía forma alguna de articular legalmente esa subrogación, como medio para evitar despidos o cambios de condiciones no pactados, reivindican las centrales. Se limitaba a señalar que la continuidad en el empleo sería fruto de los «derechos y obligaciones que se determinen en la negociación colectiva» y, en concreto, en un nuevo convenio sectorial de ámbito estatal.

Para los sindicatos esa declaración resulta «insuficiente», e incluso criticaron que los representantes de Fomento y Empleo acudieran a la reunión «con las mismas propuestas». Desde el Gobierno replicaron que desde un principio ya señalaron que la subrogación por ley no podía incluirse en un nuevo decreto, hasta el punto de afirmar que «constituye una dificultad insalvable».

No se puede imponer

En realidad, y esta fue la novedad respecto a anteriores declaraciones del Ejecutivo, este martes explicaron que «no se puede imponer una subrogación por ley a las empresas porque es contrario a la legislación y a la normativa europea». En todo caso, Fomento se ofreció a trasladar a algún tipo de «disposición» -no aclaró de qué rango sería- los posibles acuerdos entre patronal y sindicatos.

A ese respecto los estibadores dieron una contrapropuesta en materia de prejubilaciones, llegando a renunciar al 6 % de su masa salarial si aquellas se flexibilizan. El Gobierno ofrece mantener el 70 % del sueldo a los que quieran anticipar su retiro laboral, siempre que no les queden más de cinco años para su jubilación «ordinaria», cosa que en el sector suele hacerse a los 55 años.

El problema es que, según los sindicatos, en esas condiciones y teniendo en cuenta el mínimo de cotizaciones sociales que se exige previamente solo podrían acogerse poco más de un centenar de los 6.156 trabajadores del sector registrados oficialmente.