El Gobierno planea realizar la mayor oferta de empleo público desde la crisis

Su idea es reducir la interinidad de su personal del 25% actual -según la media aportada por CSIF- al 10% a lo largo de la legislatura, principalmente para los sectores de la educación, la sanidad y la justicia, un porcentaje que los sindicatos quieren que llegue hasta el 8% y se extienda a todos los ámbitos. Esto significaría, por tanto, convocar en torno a unas 237.000 plazas en un plazo de tres años o más, cálculos que se extraen si se tiene en cuenta que la cifra actual de interinos en las administraciones públicas se sitúa en 395.000, según los últimos datos aportados por UGT. Eso sí, el Ejecutivo supedita esta medida a que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado para 2017.

En cualquier caso, se trata de unas cuantas decenas largas de miles de empleos, estimó Frederic Monell, secretario de la Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT, que estuvo presente en la reunión pero no quiso dar una cifra exacta. Lo que sí calculó es que si se quiere llevar la temporalidad a unos volúmenes manejables (en torno al 8%), se podría estar hablando de 140.000 plazas en sanidad (sector que tiene una tasa de temporalidad del 36,5%), más de 100.000 en enseñanza (con una interinidad que ronda el 25%) y también puestos en justicia (con casi el 24% de sus trabajadores sin contrato fijo) o dependencia, así como en otros ámbitos que ni siquiera se han podido hacer convocatorias, según explicó el sindicalista, que manifestó que precisamente esto es lo que hay que ver en los próximos días.

Lo que sí está claro es que se estaría hablando de la mayor oferta de empleo público al menos desde 2008, cuando estalló la crisis, más si se tiene en cuenta que desde 2011 hasta la actualidad la tasa de reposición ha estado congelada en la mayor parte de sectores, excepto en los considerados prioritarios, y teniendo en cuenta que desde ese año hasta 2016 los sindicatos cifran en más de 300.000 los empleos públicos destruidos, a los que habría que sumar los más de 230.000 trabajadores que se encuentran a las puertas de la jubilación y el hecho de que seis de cada diez superen los 50 años.

El Gobierno, aunque en ningún momento ha dado cifras, sí se ha comprometido a que la oferta será superior al 100% de las jubilaciones en educación, sanidad y justicia y hasta el 50% en el resto de ámbitos. Es decir, que frente a los 14.600 empleos públicos destruidos en 2016 -según los últimos datos aportados por la EPA-, en 2017 las administraciones públicas volverán a crear empleo, siempre y cuando se aprueben las cuentas nacionales.

¿Y la subida salarial?

CSIF se congratuló de que el Gobierno haya decidido desbloquear la oferta de empleo público, pero puso de manifiesto que esta primera oferta es aún insuficiente, al tiempo que reclamaron una vez más eliminar la tasa de reposición. A su vez, pusieron de relieve que el proceso aún tiene muchas incertidumbres puesto que los presupuestos generales no tienen aún el apoyo de una mayoría parlamentaria estable.

Efectivamente, ahora se abre un calendario de negociaciones de cara a presentar a finales de mes un anteproyecto de Presupuestos, por lo que el Gobierno quiere dejar cerrado el capítulo del personal antes del 16 de este mes de marzo, tal y como dijo en esta reunión. Lo que no se ha hablado aún y los sindicatos quieren llevar ya a la Mesa de Negociación es lo relativo a las retribuciones. CSIF reclama un plan adquisitivo que permita recuperar al menos la masa salarial que había cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero bajó un 5% el sueldo a los funcionarios en el año 2010, evidentemente pactando un horizonte con varios años de plazo, algo que comparten CC OO y UGT, que cifra que los empleados públicos perdieron más del 13% de su poder adquisitivo desde 2012. A su vez, el sindicato presidido por Pepe Álvarez aboga por que se vuelva a habilitar la negociación colectiva, para que se revierta la situación y las Comunidades Autónomas, junto con las entidades locales, puedan volver a convocar ofertas de empleo público. Para ello las tres organizaciones sindicales reclaman que se convoque de una vez la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.