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José Antonio Bravo
Miércoles, 15 de febrero 2017, 21:29
El conflicto abierto en el sector de la estiba, que se dedica a la carga y descarga de mercancía en los puertos, vio este miércoles un pequeño atisbo de luz dentro del túnel en que se encuentra. El Gobierno anunció que «está dispuesto a retrasar» ... una semana su polémico decreto ley para modificar la regulación de esta actividad, una medida «impuesta» por los tribunales europeos.
Eso sí, el Ministerio de Fomento puso antes dos condiciones para no llevar su plan al Consejo de Ministros hasta el próximo día 24. De un lado, que los sindicatos y la patronal «se sienten a negociar en el marco de la negociación colectiva». Y, por otro, que «se desconvoquen» las tres jornadas de huelga ya anunciadas para el 20, el 22 y el 24 de este mes.
Los agentes sociales recogieron el guante poco después y mostraron, «de nuevo», su disposición al diálogo. Y como «gesto de buena voluntad», la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), central mayoritaria en el sector, aceptó anular temporalmente los paros.
«Nuestro interés es llegar a un acuerdo y lo vamos a intentar hasta el final», apuntó su secretario general, Antolín Goya. A este respecto insistió en que están dispuestos incluso a renunciar a su petición más controvertida y considerada una «línea roja» por el Ministerio a ojos de Bruselas: la creación de un registro profesional de estibadores.
Eso sí, a cambio quieren que la liberalización pretendida por la UE sea progresiva y se alargue hasta, por ejemplo, 15 años como ha ocurrido en Francia -lo que permitiría jubilar antes o prejubilar a buena parte de las plantillas actuales- en vez de los tres que contempla el Gobierno en su decreto. Por su parte, la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Asneco) señaló que agotará la vía de negociación «para que pueda culminar con éxito el inevitable proceso de adaptación» del sector.
El problema es que aunque rechazan varios puntos de la reforma, una vez aprobada por el Parlamento sí querrían que entrara en vigor cuanto antes y, además, que no hubiera prórrogas para los operadores actuales a fin de no quedar en «desigualdad competitiva» ante los nuevos. Piden, además, que el Ministerio de Empleo actúe de mediador en las conversaciones con los sindicatos.
"Margen suficiente"
El titular de Fomento, Iñigo de la Serna, dijo este miércoles que los estibadores «tienen margen más que suficiente en la negociación colectiva con los empresarios» para pactar sus condiciones, entre ellas la subrogación de plantillas, las condiciones laborales o los períodos de trabajo. «En su mano está», señaló tras insistir que en todo caso el diálogo debe desarrollarse «en un clima de normalidad», sin paros encubiertos.
El ministro añadió que trata de recabar un respaldo mayoritario en el Congreso a su decreto, pero evitó hablar de los reparos que ha recibido. Y es que fue precisamente Ciudadanos quien le pidió retrasar una semana más su reforma para «dar oportunidad a que se alcance una solución pactada». Desde el PSOE se manifestaron en un sentido parecido, mientras Podemos mostró su rechazo por suponer «un ERE encubierto pagado con fondos públicos».
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