El Congreso insta al Gobierno a subir el salario mínimo un 31%

En concreto, la medida pide elevar hasta los 12.000 euros brutos al año el salario mínimo. El propósito final es situarlo de forma permanente en el entorno del 60% del salario medio neto (actualmente vendría a suponer unos 1.000 euros brutos al mes), tal y como establece la Carta Social Europea.

En el escrito se pone de relieve que el SMI en los últimos años ha aumentado por debajo de la inflación y apenas se ha elevado un 1,5% de 2014 a 2016 -un 2,1% durante la legislatura de Mariano Rajoy-, lo que «agrava las desigualdades y nos aleja de una auténtica y sólida recuperación». Además, se trata de uno de los más bajos de la UE. La remuneración mínima de Francia asciende a 1.467 euros al mes, un 92% más alto; el de Alemania se sitúa en 1.473 euros, un 93% superior, y el de Reino Unido se eleva hasta 1.529 euros, un 100% más.

«No podemos competir con sueldos más bajos», afirmó el diputado del PDC y ponente de la resolución, Carles Campuzano. Eso sí, también valoró la posibilidad de que este salario mínimo vaya en función del coste de la vida en cada territorio. La diputada popular Águeda Reynés justificó su rechazo al argumentar que los salarios deben crecer en consonancia con la recuperación de la economía y advirtió del riesgo que puede tener la política salarial en la creación de empleo. Un motivo similar al utilizado por el representante de Ciudadanos, Saúl Ramírez, para no votar a favor de la resolución.

La propuesta de los sindicatos

UGT y CC OO llevan ya tiempo peleando por elevar el SMI, pero son más ambiciosos aún. Los dos principales sindicatos quieren que para el próximo año se eleve un 22% hasta alcanzar los 800 euros mensuales, con el objetivo de llegar a los 1.000 euros a final de legislatura y cumplir así lo estipulado en la Carta Social Europea.

PSOE y Podemos también llevaron en sus programas electorales el incremento del salario mínimo: los socialistas abogan por que se pueda alcanzar el 60% del salario medio neto al término de las dos próximas legislaturas, mientras que el partido morado planteó aprobar un calendario que permita llegar a los 800 euros al final de los dos primeros años de legislatura y que en 2019 sea de al menos 900 euros.

Cabe recordar que el Gobierno no tiene en este asunto capacidad de veto, como sí podría ser en otras medidas económicas, puesto que en caso de que esta medida prosperara, su aprobación no afectaría a los Presupuestos ya que en todo caso repercutiría directamente en las empresas.