UGT y CC OO secundan a la patronal y recurren las ayudas a la formación

La principal razón esgrimida por ambas centrales en los escritos presentados este viernes es que no se ha contado con los interlocutores sociales para la distribución del presupuesto destinado a financiar el sistema de formación, un total de 250 millones de euros. Asimismo, rechazan que hayan sido juez y parte del sistema, que fue lo que adujeron desde el Ministerio de Empleo para excluirles del órgano de gestión y control de los cursos. Según CC OO y UGT, desde 2015 dejaron de ser beneficiarios de las subvenciones y se abrió la convocatoria únicamente a centros y entidades de formación en régimen de concurrencia competitiva.

Por ello, a juicio de los sindicatos, los motivos reales de su exclusión hay que buscarlos, más bien, en las denuncias realizadas por estas organizaciones en anteriores órganos colegiados de las convocatorias para jóvenes de 2015. En ellas señalaban la presunta existencia de un posible fraude que algunos centros y entidades de formación estarían promoviendo, así como el alto riesgo de concentración de las adjudicaciones en unos pocos y potentes grupos de empresas de formación.

Las patronales, por su parte, alegaron que la convocatoria de 2016 debería anularse por la exigencia de que el solicitante tenga experiencia previa y una «irregularidad presupuestaria», puesto que en su opinión se desvían para otros conceptos fondos que sólo deberían destinarse a la formación de trabajadores ocupados. El Ministerio, sin embargo, negó la mayor, sostuvo que la cuota de formación solo se destina a programas de formación y no al desempleo y criticó que lo que quiere CEOE es que todo el dinero pase por ellos.

En cualquier caso, ni sindicatos ni patronal van a pedir ninguna medida cautelar mientras se tramitan sus recursos, como la suspensión de la convocatoria de ayudas, para no paralizar la formación de España.

Una reunión "muy tensa"

Precisamente patronal y sindicatos mantuvieron este jueves -a instancias del Ministerio- un encuentro muy tenso con el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, y la directora del SEPE, Reyes Zataraín, con el objetivo de ver cómo se soluciona la anulación por parte de Audiencia Nacional de la convocatoria de 2014, decisión motivada en que no se les incluyó ni en la fase inicial.

Los agentes sociales criticaron la poca disposición del Ministerio, que simplemente les reunió para ver qué propuestas les daban ante lo que Empleo considera un problema de todos y, se quejaron fuentes sindicales, sin aportar ellos ninguna solución.

La patronal, por su parte, ofreció al Gobierno la apertura de una mesa de diálogo para reformar el sistema de ayudas que entró en vigor en 2014 y que -a juicio de CEOE- no funciona, algo a lo que el Ejecutivo se negó de plano.