FSP.

Los sindicatos piden un salario mínimo de 1.200 euros para los funcionarios de la administración central

UGT y CC OO, que denunciaron hoy el III Convenio Único del Personal Laboral de la AGE, reclaman de cara a las negociaciones la jornada ordinaria de 35 horas

David Valera

Martes, 15 de diciembre 2015, 14:17

Los sindicatos reclaman un salario mínimo de 1.200 euros para los empleados de la Administración General del Estado (AGE). Esa es una de las reivindicaciones que las centrales pondrán sobre la mesa en la negociación con el Gobierno después de que hoy la Federación ... de Servicios Públicos de UGT y CC OO denunciaran el III Convenio Único del Personal Laboral de la AGE. A partir de ahora, el Ejecutivo dispone de un mes para iniciar las conversaciones.

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Los empleados públicos deseamos que nuestro interlocutor en la negociación venga con voluntad de dialogar, no de imponer. Esperamos que se acabe el ordeno y mando, ha asegurado Carlos Álvarez, secretario de AGE de FSP-UGT. De momento, los sindicatos ya han anunciado que entre sus reclamaciones estará incluir cláusulas que garanticen el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios.

También piden otras mejoras en las retribuciones, tales como definir y cuantificar el complemento de carrera profesional, eliminar los obstáculos a las reclamaciones judiciales sobre complementos o mejora de la regulación de la turnicidad y la nocturnidad y compensar las horas extraordinarias según la opción que elija la propia persona trabajadora. Asimismo, plantearán la posibilidad de establecer otros complementos como jornada tarde, alertas, domingos y festivos, algunos pendientes aún del III Convenio.

Además, los sindicatos también reclamarán la jornada laboral ordinaria de 35 horas, la mejora de los permisos relacionados con conciliación y formación; la implantación de la jubilación parcial y analizar la aplicación de otro tipo de jubilaciones anticipadas; fomentar la movilidad voluntaria y la promoción interna y garantizar la estabilidad en el empleo, mediante el derecho a la inamovilidad en la condición de empleada o empleado público.

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