El Gobierno aprueba los servicios mínimos que todas las comunidades deberán ofrecer a los parados

Se trata de la reforma laboral silenciosa, señaló Báñez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La ministra reconoció que hasta ahora las políticas activas de empleo las que buscan recolocar a los parados- no han sido efectivas a pesar de haber destinado a las mismas más de 30.000 millones de euros entre 2008 y 2011. Este año se destinarán 4.763 millones de euros a políticas activas cuya gestión es compartida con las comunidades autónomas-, con un incremento del 16% respecto a 2014. De ellos, el 43% (2.082 millones) se invertirán en acciones formativas, 1.500 millones irán a bonificaciones a la contratación y 260 millones a colectivos especialmente vulnerables. Además, las comunidades autónomas recibirán 251 millones de euros para orientación laboral, 110 millones para hacer acuerdos de colaboración con las agencias privadas y 100 millones se destinarán a la modernización de los servicios de empleo.

Este será el tercer año en el que los fondos que se distribuyan a las comunidades estarán ligados a los resultados obtenidos. En 2015, el 60% de los fondos estará vinculado a resultados (el año pasado fue el 40% y el anterior, el 15%). Los recursos públicos tienen que estar vinculados a resultados. El reto es que esos recursos sirvan de verdad para recolocar a los parados, señaló Báñez. Por ahora, los parados no esperan mucha de los servicios públicos de empleo. El 47% de los desempleados no contacta con una oficina pública y sólo el 30% espera recibir una llamada de estos servicios.

Aunque la consulta sobre la cartera común de servicios de empleo comenzó en el primer semestre del año pasado, la ministra apuntó que todavía debe definirse con las comunidades autónomas el protocolo de actuación y diseñar las actividades básicas para que sea homogéneo en todo el territorio. No es lo mismo que cada parado tenga un tutor personal, que es el objetivo, a que se dé una información a un grupo.