David Valera
Miércoles, 26 de noviembre 2014, 13:12
La economía sumergida y el empleo no declarado en España representa el 18,6% del PIB. Esto supone el equivalente a 190.000 millones de euros, según los datos del informe 'Flexibilidad en el trabajo 2014' elaborado por Randstad y presentado hoy. Un nivel que ... es el doble del registrado en Francia (9,9%), Reino Unido (9,7%) u Holanda (9,1%) y también superior al de Alemania (13%) e incluso Irlanda (12,2%). La lucha contra la economía sumergida crea un mercado más competitivo, con más talento, más puestos de trabajo y más capital, ha explicado Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de Randstad. En su opinión, si no hubiera economía sumergida podrían aflorar tres millones de puestos de trabajo. Esto supondría una reducción de la tasa del desempleo superior al 50%, ha explicado.
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Según el estudio una de las causas en las que se asienta la economía sumergida es en la corrupción. De hecho, considera que hay una correlación directa entre el volumen de empleo no declarado y esta variable. Es decir, unos niveles elevados de corrupción en el sector público conllevan una mayor presencia del empleo no sumergido. También existe una relación entre unos mayores niveles de protección social y un menor porcentaje de empleo no declarado, ya que los trabajadores tienen una cobertura social que les permite no tener que recurrir a la economía sumergida.
Por otra parte, el informe asegura que el incremento de las cargas fiscales no se traduce en un porcentaje más elevado de economía sumergida. En concreto, señalan que un aumento de los tipos de IRPF o Sociedades no produce variaciones significativas en el volumen de economía sumergida. En cambio, señala que se precisa una mayor intervención estatal para proteger a los grupos más vulnerables y una mayor protección social, porque de esa forma se puede cerrar la puerta a que muchas personas tengan que recurrir al empleo sumergido.
El estudio recuerda que la economía sumergida provoca una pérdida de ingresos para el Estado por el impago de impuestos como el IRPF, IVA o cuotas a la Seguridad Social. También señala que conduce a una pérdida del control normativo sobre la calidad de los empleos y los servicios prestados en la economía. Además, repercute en la cohesión social por cuanto reduce el dinero disponible de los gobiernos para realizar políticas en ese ámbito.
Entre las circunstancias que provocan la persistencia de este problema, el informe señala la dificultad de las empresas para satisfacer sus necesidades laborales. En este sentido, según Randstad, los países en los que las empresas pueden recurrir con mayor facilidad al empleo temporal y a las agencias de colocación tienen una menor tasa de economía sumergida.
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