El Tribunal de Cuentas alerta de una «injustificada» subcontratación de la formación subvencionada

El Tribunal señala que esta excesiva subcontratación hace que determinadas empresas "se hayan convertido 'de facto' en beneficiarias de significativas cuantías de la subvención concedida, en principio, por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a las organizaciones empresariales y sindicales".

Concretamente, el informe apunta que se ha superado el porcentaje de subcontratación establecido en la Ley General de Subvenciones, fijado en un 50%. Hasta en 227 de los 300 convenios formalizados en los planes de formación de la convocatoria de 2010, el 75,6%, superaba ese límite, mientras que en el 25,3% de los mismos (76 convenios) se llegó a subcontratar la totalidad de la subvención concedida.

Adjudicación directa

Asimismo, el Tribunal de Cuentas subraya la necesidad de estudiar la idoneidad de mantener la excepción a la Ley General de Subvenciones, que permite obviar el principio general de solicitud de ofertas a diferentes proveedores para proceder a la subcontratación de las actividades subvencionadas, "lo que en la práctica está ocasionando una adjudicación directa a favor de las empresas proveedoras de formación".

Así, la CEOE contrató de forma directa, al menos, 4,3 millones de euros sin solicitud previa de tres ofertas de proveedores, mientras que Cepyme lo hizo por importe de 6,1 millones de euros, a los que habría que añadir 1,6 millones de euros imputados a su plan de formación sin formalizar instrumento jurídico alguno entre esta entidad beneficiaria y las empresas subcontratadas.

Por su parte, UGT contrató, al menos, 1,1 millones de euros de forma directa, lo que, según el Tribunal, "vulnera los principios de transparencia, concurrencia, eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos públicos, mientras que la Fundación Laboral de la Construcción lo hizo por, al menos, un importe de 12,2 millones de euros.

Asimismo, el informe señala que la Federación Nacional de Clínicas Privadas subcontrató el 100% de su plan de formación con una empresa proveedora, lo que, a pesar de contar con la autorización previa de la Dirección General del SEPE, resulta para el tribunal "de difícil justificación, ya que convierte a dicha federación a un mero intermediario".

Ausencia de evaluación

El informe del Tribunal de Cuentas observa además incumplimiento también a la hora de evaluar y medir la calidad de los programas de formación, obligatoria por ley, que se limitó sólo a medir mediante encuestas la satisfacción de los alumnos beneficiarios, sin efectuar un verdadero análisis del impacto de dichas acciones formativas en la mejora de la productividad de las empresas, así como en la empleabilidad de los trabajadores.

"La entidades beneficiarias de las subvenciones no disponían de medios internos o sistemas de control horarios para determinar, de forma objetiva, el número de horas realmente dedicadas por su propio personal a la ejecución de los planes de formación", añade.

La consecuencia de esta ausencia de controles es que no es posible verificar la exactitud del coste en personal de los planes de formación, así como de las acciones de apoyo y acompañamiento, fijado en 2010 en un total de 50,2 y 4,02 millones de euros, respectivamente.

El Tribunal de Cuentas entiende que los rendimientos financieros de los recursos públicos percibidos por las entidades beneficiarias para la ejecución de planes de formación y de las acciones de apoyo a la misma fueron "muy escasos", en concreto apenas 197.390 euros en relación a 412,3 millones de euros de fondos transferidos para los planes de formación en 2010 y 23.307 euros en relación a un total de 14,1 millones de euros de fondos para la segunda de estas partidas. Y es que sólo el 44,6% de las entidades beneficiarias que gestionaban planes de formación y el 30,4% de las que desarrollaron las acciones de apoyo declararon la obtención de dichos rendimientos financieros.

Además, finaliza el Tribunal de Cuentas, ni el SEPE ni la Fundación Tripartita han requerido a estas entidades beneficiarias los motivos de esta falta de obtención de rendimientos financieros, lo que ha generado un "menoscabo de caudales públicos".