Otra prórroga de los 400 euros a parados de larga duración

Para ellos, esa aportación pública que el Ejecutivo no prevé eliminar hasta que la tasa de desempleo baje del 20% y que, limitada a las personas con ingresos bajos (menos del 75% del IPREM), se eleva hasta 450 euros para beneficiarios con cargas familiares supone sólo un parche temporal, pues se extingue a los seis meses. De hecho, de los 5,6 millones de parados computados por el INE apenas 1,8 millones reciben algún tipo de subsidio.

La situación se agrava si tenemos en cuenta que el número de desempleados de muy larga duración quienes llevan más de tres años sin encontrar una ocupación creció un 22,5% el año pasado hasta alcanzar los 1,27 millones, lo que supone casi una de cada cuatro personas sin trabajo (el 23,1%). El propio Gobierno ha reconocido recientemente en el Parlamento -con datos de los servicios públicos (Ministerio y comunidades autónomas) y no del INE- que la tasa de cobertura por paro era del 57,7% a finales de mayo, cinco puntos menos del nivel con que cerró 2013 (62,3%). El nivel más bajo se daba en el País Vasco (49,2%) y Castilla-La Mancha (51,6%).

Ante este panorama, los sindicatos ven perentorio aprobar un nuevo tipo de ayuda que, además, tendrá carácter estable. Y dan un dato más para sostener su petición: a finales de junio (según la EPA), había 740.500 hogares sin ningún tipo de ingreso laboral. UGT y CC OO ya han introducido la cuestión en el acuerdo de diálogo social suscrito el pasado 29 de julio con el Gobierno y las patronales (CEOE y Cepyme).

Un fondo de 2.500 millones

Los líderes sindicales han hecho números y quieren que se habilite a corto plazo una ayuda para aquellos hogares sin ingresos cuya cabeza sea un parado de larga duración, en torno a medio millón. Estiman que haría falta un fondo de unos 2.500 millones de euros anuales, lo que supondría 5.000 euros por familia.

El Ejecutivo, de momento, no ha entrado a negociar, aunque reconoce que hay «situaciones de gran necesidad que no se atienden». El problema es que tardará medio año en evaluar el modelo de rentas básicas antes de tomar medidas concretas. De momento, el Ministerio de Empleo está haciendo «un mapa completo de prestaciones sociales y subsidios de desempleo en todo el territorio», ya sean las concedidas por el Estado o las rentas mínimas de inserción de cada autonomía.

Aunque más adelante habrá que analizar cuál sería el coste concreto de esa nueva prestación y cómo se financiaría el Gobierno y los agentes sociales se han dado hasta finales de año para definir la mayoría de sus puntos de actuación en materia laboral y de protección social-, se da por seguro que parte de los recursos procederán del Fondo Social Europeo. Dentro del mismo hay previsto un programa de inclusión social dotado con 800 millones de euros para ayudas a las personas más vulnerables en los próximos siete años, y España quiere tener acceso a ese dinero.