Bruselas y el BCE critican el retraso de España en reformas como las políticas activas de empleo

En su primer informe de vigilancia tras el fin del rescate bancario el pasado mes de enero, Bruselas y el BCE elogian los progresos de España en la corrección de sus desequilibrios económicos, lo que ha permitido volver al crecimiento y a empezar a crear empleo. Pero avisan de que "los todavía elevados niveles de deuda pública y privada y de deuda externa continúan planteando riesgos para el crecimiento sostenido y la estabilidad financiera".

"España tendrá que continuar en la senda del ajuste económico durante bastante tiempo para liberarse de las cargas de los desequilibrios existentes y reducir el paro desde los actuales niveles alarmantes", apuntan las dos instituciones de la UE. El informe, de una treintena de páginas, ha sido elaborado por los inspectores que visitaron Madrid entre el 24 y el 28 de marzo y el 3 de abril. Su conclusión es que los riesgos de que España no devuelva el rescate de 41.300 millones de euros para la banca son "muy bajos en estos momentos".

"Reabsorber el elevado número de parados exige aplicar plenamente, vigilar de cerca y, cuando sea necesario, reforzar la agenda de reformas estructurales", subrayan los inspectores. Así, Bruselas y el BCE lamentan que "la modernización de los servicios de empleo público continúa retrasándose". "Además, todavía hay margen para mejorar el vínculo entre la educación y las políticas de mercado laboral", prosigue el informe. "Las reformas en marcha de las políticas activas de empleo todavía deben completarse y dar frutos. El paro de larga duración y los desajustes en las cualificaciones complican el reto de reducir el paro de forma sustancial a medio plazo", indica.

En cuanto a la tarifa plana de 100 euros de cotización para los nuevos contratos indefinidos, la Comisión y el BCE creen que su resultado será convertir contratos temporales en fijos, "mientras que su potencial para estimular una creación adicional de empleo es más incierto". Y avisan de que, en contra de lo que sostiene el Gobierno, esta medida "podría no ser totalmente neutra presupuestariamente".

"La adopción de la ley de servicios profesionales y asociaciones continúa retrasándose y podría acabar siendo menos ambiciosa de lo previsto inicialmente", denuncian además los inspectores. Y la puesta en marcha de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal "está ocurriendo más tarde de lo planificado y demasiado tarde" para evaluar el programa de estabilidad de España para 2014.

Por lo que se refiere a la reforma fiscal, Bruselas y el BCE insisten en que "bajar las contribuciones sociales y compensar el impacto en los ingresos con una subida de los impuestos indirectos y las tasas medioambientales y sobre la propiedad tendría efectos positivos sobre el crecimiento". El informe sugiere que las rebajas en las contribuciones deberían concentrarse en los trabajadores menos cualificados con salarios más bajos. El Gobierno ya ha rechazado esta propuesta.

Los inspectores piden además al Gobierno que refuerce la vigilancia para evitar nuevos retrasos en el pago a proveedores más allá de los 30 días que prevé la legislación, que controle que las comunidades autónomas apliquen la reforma de la administración pública y la ley de unidad de mercado o que cree un observatorio independiente para evaluar la necesidad y los costes de futuros grandes proyectos de infraestructuras.

El informe elogia la reforma de la ley de morosidad por facilitar la reestructuración de la deuda de las empresas, aunque sugiere más cambios para flexibilizar los procedimientos de insolvencia, por ejemplo, en el procedimiento para nombrar a los administradores. Finalmente, Bruselas cree que el nuevo sistema de tarifas de la luz "puede tener como resultado una mayor variación de los precios, pero también puede sentar las bases para una mayor competencia entre los suministradores".

El crédito empieza a crecer

En cuanto a la situación del sector financiero español, los inspectores constatan que "la situación de liquidez y la estructura de financiación de los bancos se ha reforzado todavía más". Todo ello "se está traduciendo gradualmente en algunas mejoras en las condiciones y volúmenes de crédito al sector privado".

"En particular, las grandes empresas están emitiendo más deuda, la contracción del balance de crédito privado de los bancos se está desacelerando y los flujos de crédito nuevo han alcanzado un punto de inflexión, especialmente en los pequeños créditos a empresas y en los créditos para consumidores", apunta el informe. No obstante, admite que la reducción de los tipos de interés para las pymes está siendo "muy gradual" y que "estos créditos siguen siendo relativamente onerosos".

El sector bancario español volvió a la rentabilidad en 2013, también gracias a factores extraordinarios, pero esta rentabilidad "sigue bajo presión". "El entorno económico es todavía difícil, la actividad crediticia sigue siendo limitada y la morosidad no se ha estabilizado. Es más, la ralentización en los mercados emergentes, en particular en algunos países de América Latina, podría debilitar la rentabilidad de algunos bancos", avisan la Comisión y el BCE.

Las ratios de solvencia de la banca han mejorado en particular gracias a la reforma de los activos fiscales diferidos. No obstante, los inspectores piden al Banco de España que siga vigilando y obligando a reforzar si es necesario el capital de los bancos para prepararlos para los test de estrés que realizará en los próximos meses el BCE.

Finalmente, los inspectores piden acelerar los planes de privatización de los bancos que han recibido ayudas públicas "con vistas a optimizar los retornos para los contribuyentes". También avisan de que el banco malo que reúne los activos inmobiliarios de estos bancos (la Sareb) se enfrenta a "retos significativos" por la situación económica, aunque "la caída de los precios de la vivienda parece aproximarse a su punto de inflexión y hay señales tempranas de que el mercado inmobiliario se está estabilizando lentamente".

Bruselas y el BCE concluyen su informe con un llamamiento al Gobierno español para que aumente el personal de las autoridades de regulación y supervisión financiera, en particular la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la dirección general de Seguros y Pensiones en el ministerio de Economía y el Instituto de Contabilidad y Auditoría.