Ribera anticipa que el Gobierno «repasará qué ayudas extender, modular o eliminar en 2023»

La responsable de las políticas energéticas del Gobierno fue este martes la protagonista de 'La Conversación', evento que conmemora el 50 aniversario de Colpisa, en un acto que tuvo lugar en el CaixaForum de Madrid, con la colaboración de Fundación 'la Caixa' y el patrocinio de Cepsa. La ministra reconoció que «es prácticamente imposible salir indemne de una crisis de estas características, pero nos esforzamos en garantizar la estabilidad familiar y laboral» de los españoles. La duda ahora es si el Ejecutivo extenderá las medidas ya adoptadas a 2023, en pleno año electoral, con especial incertidumbre en torno a ayudas como la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, que distintos organismos ya han instado a modificar para que llegue solo a aquellos que más lo necesiten.

El Ejecutivo prorrogó hasta finales de año algunas de las medidas para proteger a los colectivos más vulnerables frente a la crisis energética, como el bono térmico o las rebajas fiscales en la factura de la luz, así como otras como las bonificaciones al transporte público o los 20 céntimos al combustible. «Según nuestros cálculos, con la combinación de las distintas medidas, las familias que están acogidas al bono social por ser vulnerables están pagando lo mismo o un poquito menos de lo que pagan en el primer semestre de 2021», indicó Ribera durante su intervención.

En este sentido, defendió que el Ejecutivo se ha enfrentado en los últimos años «a unas situaciones insólitas y hemos tomado medidas que no necesariamente eran populares, pero sí importantes para proteger a los ciudadanos, velando por la seguridad de las cuentas públicas».

La ministra reconoció que la relación con las grandes energéticas del país ha sido tensa en los últimos meses. Según Ribera, uno de los puntos de mayor fricción con el sector se dio en el momento de debatir la minoración de los ingresos extraordinarios desde septiembre del año pasado por el alza de los precios del gas. «Aquí ha habido algunas compañías más comprensivas y otras menos», indicó. Y lo mismo en el caso de los consumidores finales. «Es un territorio complicado, pero tenemos que seguir trabajando con la mentalidad de responsabilidad», añadió durante su intervención.

El tira y afloja entre el Gobierno y el sector se centra ahora en el impuesto con el que el Ejecutivo espera recaudar 2.000 millones de euros en los próximos dos años gravando los beneficios de las energéticas, que en estos días está presentando unos notables resultados. Este martes mismo, Endesa anunció un beneficio de 1.651 millones de euros, un 13% más. Y la compañía confía en cerrar el año cumpliendo objetivos, pese a cifrar en 400 millones de euros el impacto por el tributo. Con la presencia en el acto del consejero delegado de la firma, José Bogas, Ribera indicó que este «es un debate que se está planteando en el Parlamento y la conversación debe ser muy precisa desde el punto de vista de la técnica fiscal». No obstante, advirtió que una situación como la actual «requiere plantear un reparto equitativo de las cargas, a través de figuras fiscales, ayudas o contracción de los beneficios» de las compañías.

Por otra parte, la vicepresidenta no tiene «la menor duda» de que la energía verde supondrá una «oportunidad extraordinaria» para España, por lo que considera que «cometeríamos una enorme torpeza si no fuéramos capaces de hacerlo bien».