Solo un 4% de los jefes de explotaciones cuenta con formación profesional agraria

Según un reciente estudio de CaixaBank Research, a partir de datos del INE, poco más de un 4% de los jefes de explotaciones -las personas responsables de la gestión corriente y cotidiana de la explotación- cuenta con formación profesional agraria.

Es cierto que en 2009 la cifra apenas superaba el 1,5%, pero los números evidencian que aún hace falta un enorme esfuerzo para empujar el relevo generacional en el sector donde, según los últimos datos disponibles, cada vez hay menos jefes menores de 45 años (un 14% del total de explotaciones en 2020 frente al 21% en 2019) y más mayores de 65 años, que superan el 41%.

«Esta situación es especialmente acusada en los casos de Andalucía, Castilla y León o Extremadura, mientras que se observa mejora en las regiones de la cornisa cantábrica», indica el informe. José Antonio Latre, socio responsable de Estrategia para Retail y Consumo de EY, añade que «hay un problema de fondo en el que la solución no pasa por regular los precios, sino por conseguir estructuras eficientes de producción y comercialización». «Tenemos un sector muy competitivo, pero debemos mejorar su estructura, con cientos de miles de pequeñas explotaciones», algunas de las cuales son ineficientes por los elevados costes.

Los datos que proporciona el censo agrario sí reflejan cómo en los últimos años ha aumentado la concentración del sector hacia explotaciones cada vez más grandes. De hecho, de los cerca de 1,6 millones de explotaciones que se registraban en 1989, el sector cuenta actualmente con 914.871, lo que implica una caída del 42,6%.

Pero eso no ha implicado una merma en la producción. De hecho, actualmente se producen unos 2.400 euros por cada hectárea útil en el campo español, frente a los 1.165 euros que se obtenían en media hace tres décadas. En todo caso, los expertos destacan que el tamaño medio de las explotaciones en España «es aún modesto cuando se comparan con otras economías europeas con un sistema agrario de un tamaño similar». Y concluyen que las explotaciones grandes tienden a ser más eficientes, al contar con mayor capacidad para innovar, introducir nuevas tecnologías y conseguir reactivar inversiones. El reto ahora es conjugar esas necesidad con el carácter familiar que muchas veces presenta el sector.

En este entorno, y ante el paro indefinido que el pasado sábado acordaron parte de los agricultores y transportistas –que no cuentan con el respaldo de las grandes organizaciones– el Gobierno busca mover ficha esta semana, con una primera cita el próximo 14 de febrero cuando se reunirá el Observatorio de la Cadena Alimentaria, encargado de encontrar el equilibrio de formación de precios entre los distintos eslabones.

Del mismo modo, Sumar ha registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que, entre otras cosas, pide al Gobierno un plan de choque para compensar las pérdidas de los productores o que se tenga en cuenta el tamaño de las explotaciones en las exigencias burocráticas de la Política Agraria Común (PAC).

La compensación de las pérdidas se acompañaría con un plan de rescate agrario integral a corto, medio y largo plazo que se elaboraría con las organizaciones profesionales agrarias y el sector en su conjunto. La idea de este plan es afrontar el incremento de precios de las materias primas, la sequía, la venta a pérdidas o la falta de relevo generacional.

También proponen los de Díaz reconocer a las organizaciones profesionales agrarias (OPAS) como representantes e interlocutores del sector y mejorar los mecanismos para garantizar la seguridad alimentaria y los estándares de seguridad en la entrada de productos vegetales. Por último, instan a estudiar fórmulas de priorización de las ayudas al sector hacia el modelo social y familiar agrario.