Siete años incumpliendo la ley con las pensiones de viudedad

La denuncia se ha hecho desde UGT, donde ven insuficiente el proyecto de decreto publicado a tal fin por el Ministerio de Empleo a mediados de diciembre e incluso critican que su titular, Fátima Báñez, presumiera en el Congreso de que aún «estamos en tiempo». Su argumento era que en la disposición adicional donde se contemplaba la subida no concretaba plazos o fechas.

Esa norma estipula que se debe incrementar del 52% al 60% el porcentaje para estimar la base reguladora (la cifra sobre la que se calcula la cantidad final a recibir) de las prestaciones de viudedad a lo largo de ocho años. El decreto del Ministerio prevé subirlas un punto este año y los otros siete el próximo, lo que según sus cuentas elevará su cuantía un 1,9% en 2018 y otro 15,4% en 2019.

Las pensiones de viudedad están entre las más bajas. El último mes de 2017 la media era de 649,2 euros al mes, bastante menos que las de jubilación (1.071 euros) e incapacidad (937,1 euros). En volumen, no obstante, suponen el segundo mayor gasto (1.535,6 millones en diciembre), solo superadas por las del retiro laboral (6.302 millones).

Eso sí, menos de la mitad de los 2,36 millones de pensiones de viudedad se beneficiarán del aumento, pues quedan fuera quienes tienen otra prestación o un trabajo, ingresos por otras vías superiores al mínimo legal y menos de 65 años. Esos requisitos los cumplen 1,1 millones, por lo que el coste del alza será de 175 millones de euros en 2018 y hasta 1.382 millones a partir de 2019, aunque el Estado se ahorrará 562 millones en complementos a mínimos.

El sindicato, no obstante, denuncia además que las pensiones de orfandad también deberían ser actualizadas al alza. Su cuantía es la más baja del sistema (381 euros de media mensual en diciembre) y fueron de las que menos se incrementaron (solo un 1,2%), y eso aunque fueron las únicas que redujeron su número (se abonaron 339.052 prestaciones de este tipo, un 0,1% menos que en el último mes de 2016). Asimismo, su coste para la Seguridad Social es de los más reducidos: 129 millones en diciembre.

Y, como aviso ante posibles cambios en la nueva reforma del sistema que se estudia desde hace más de un año en el seno del Pacto de Toledo, en UGT advierten de que seguirán «velando para que permanezcan en el sistema de la Seguridad Social». Son prestaciones de carácter contributivo, afirman desde el sindicato, y sacarlas fuera financiándolas vía impuestos -como se ha llegado a sugerir-, «además de ser injusto, iría contra la ley y las pondría en claro riesgo».