La sequía pasa una factura de más de 4.400 millones a la economía

La factura provisional que ya ha pasado a la economía española se estima en más de 4.400 millones de euros. Una cuenta que comienza en la propia agricultura, donde la peor parte ha recaído en los cereales y, de forma especial, en el centro y el norte del país por el fuerte descenso de las precipitaciones. Así, en Castilla y León, la principal productora del país en trigo y cebada, las pérdidas superan los 1.000 millones según las organizaciones UPA y COAG.

Calculan un recorte de cosechas de entre el 50% y el 80% –uno de cada dos cereales que se cultiva en España lo hacen en esa región– y no recuerdan una situación parecida desde 1990. Y es que de los dos millones de hectáreas que se plantan al año, más de 850.000 se dan ya por prácticamente arruinadas. Y en el resto, hasta tres cuartas partes habrían sufrido algún tipo de daños.

Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja son las otras tres comunidades más afectadas –también Galicia y Aragón si nos referimos a los viñedos, los que más han sufrido con el cereal–, sobre todo en los cultivos herbáceos. Se estima que en colza, berza, forrajes y guisantes apenas alcanzarán una quinta parte de la cosecha normal. En estas circunstancias la producción de regadío también se resiente mucho, hasta el punto de que la siembra se ha ralentizado todo lo posible ante la escasez de agua en los pantanos, cuyas reservas han caído más de un 15% sobre 2016. Por eso cuencas como las del Duero, el Júcar y el Segura tendrán una reducción severa de plantaciones.

No hay que olvidar que el año hidrológico, que va del 1 de septiembre al 30 de noviembre del ejercicio siguiente, ya comenzó con un descenso de precipitaciones del 46% en las primeras semanas de otoño. El invierno también fue seco, aunque menos, con un descenso del 20%. Y en la primavera la merma media fue del 23%, llegando a un verano no tan caluroso como el pasado pero con mucha menos agua. Además, se unieron las heladas en primavera y el pedrisco de las lluvias torrenciales concentradas en pocas fechas.

Por ello las asociaciones agrarias han pedido ayudas directas, medida que el Gobierno rechaza. Lo que sí ha aceptado son distintos tipos de medidas paliativas, empezando por hasta 200 millones de euros en créditos subvencionados (hasta 60.000 euros por beneficiario y con dos años de carencia), cuyo plazo de solicitud vence el próximo 20 de septiembre.

También se han previsto exenciones temporales para los agricultores, en el canon de regulación y la tarifa de agua, por 54 millones. Y algo parecido para las cotizaciones de sus autónomos, aplazadas hasta febrero de 2018, mientras que Hacienda ha rebajado su modulo de estimación para ingresos por cereal, tomate, oliva y bovino de leche, con un impacto de 300 millones para sus arcas.

Mediante las pólizas agrarias, a su vez, se han cubierto riesgos por valor de más de 490 millones. El problema es que apenas el 40% de las cosechas están aseguradas.

Otro punto es la reducción del empleo –y con ello los ingresos de la Seguridad Social– en un sector con 800.000 asalariados, «alto volumen de trabajo sumergido (más de un 63%) –denuncia CC OO–, elevada vulnerabilidad y abusiva temporalidad». En julio, la cifra de afiliados en la agricultura cayó un 5,7%.

El otro gran impacto de la sequía se acusa en la factura eléctrica, que en los últimos 12 meses se ha encarecido un 6,5% de media según el regulador del mercado (CNMC) aunque las asociaciones de consumidores apuntan un alza de dos digitos. El recibo de la luz para un usuario medio es hoy 68 euros más caro, esto es, un sobrecoste global de más de 1.700 millones entre todos los clientes.

La clave, según el ministro de Energía, Álvaro Nadal, reside en el descenso de la producción hidroeléctrica –la lluvia obliga a las centrales a trabajar más–, que ha aportado al mercado la mitad que hace un año (un 10% de la demanda en vez de un 20%), y también de la eólica (un 11% menos) debido a la falta de viento.