El ingreso mínimo vital se ha reconocido a 80.000 de los 750.000 solicitantes

El ministerio de Inclusión salió ayer al paso con una nota para informar de que se ha reconocido el derecho a la prestación a más de 80.000 hogares (más de 200.000 personas) de las más de 143.000 solicitudes analizadas hasta el momento, aunque el total de las que han llegado al Instituto Nacional de la Seguridad Social ascienden a 750.000.

Por tanto, se han tramitado apenas un 19%de las solicitudes. Aunque de la cifra global de peticiones, alega el Instituto, un 7,5% se han recibido por duplicado.

Con respecto a las 143.000 ya analizadas, cerca de un 40% han llegado con la documentación incompleta (gran parte de ellas sin certificado de empadronamiento), lo que implica que hay que realizar el requerimiento al solicitante para que aporte la información que se le pide, procedimiento que retrasa la gestión de las ayudas: de momento,hay más de 25.800 con documentación pendiente de recibirse.

A ello hay que sumar que se han denegado cerca de 36.800 solicitudes, más de la mitad de ellas, justifica la Seguridad Social, porque sus titulares exceden los límites de renta o patrimonio fijados como requisitos para obtener esta ayuda contra la pobreza.

Desde el sindicato UGT, ratifican las declaraciones que realizó este miércoles su secretario general, Pepe Álvarez: señalan que si bien más de 700.000 personas han solicitado el ingreso mínimo vital, se han resuelto 32.629 peticiones «con una parte mínima de solicitudes aprobadas». Según datos del sindicato, dentro de las 80.000 prestaciones aprobadas se incluyen las alrededor de 75.000 correspondientes a los anteriores perceptores de la prestación por hijo a la que el ingreso mínimo vital sustituye y que se reconocieron de oficio. De ahí que, según sus cálculos, de las solicitudes realmente resueltas –sin las automáticas–, sólo se han reconocido entre 5.000 y 6.000.

En UGTinsisten en que no tienen «constancia de que haya cobrado nadie». El ministro José Luis Escrivá, en una rueda de prensa en Valencia tras reunirse con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, aclaró que la nómina asciende a los 120 millones de euros para tres meses, incluyendo el de septiembre.

El ministro pidió esperar a mediados o finales de septiembre para efectuar una evaluación de la situación del ingreso mínimo vital y del proceso inicial de su tramitación. Añadió que las rentas autonómicas tardaron de promedio «muchos meses, y años» en empezar a reconocer las prestaciones. Además, recordó que quienes hayan realizado la solicitud hasta el 15 de septiembre, y tengan derecho a ella según la documentación acreditada, les será concedida con efectos retroactivos a 1 de junio.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social ha desplegado iniciativas para mejorar el proceso de tramitación. Así, ha desarrollado un protocolo de intercambio de información con las autonomías, ha habilitado un cruce de datos con la Agencia Tributaria y ha llegado a acuerdos con cerca de 150 ayuntamientos para que éstos aporten la información referida al padrón municipal necesaria para tramitar la prestación. El ministro Escrivá ha constatado que el ritmo de tramitación se ha ido incrementado durante el proceso de puesta en marcha de la ayuda: esta semana se están resolviendo el doble de expedientes que hace unas semanas.

Pero el organismo también ha de lidiar con la limitación de las plantillas de la Seguridad Social, que Escrivá anunció que se van a reforzar con nuevas plazas.

El ingreso mínimo vital se aprobó en consejo de ministros a finales del mes de mayo y se calculaba que llegaría a 850.000 hogares y a 2,3 millones de personas.