Santander, imputado por la gestión de Ron y Saracho al frente del Popular

El magistrado considera que la entidad es ya la persona jurídica responsable en la causa por la que se investiga la ampliación de capital acometida por Popular en 2016 y en la que sus expresidentes, Ángel Ron y Emilio Saracho, podrían haber incurrido en delitos de falsedades societarias y administración desleal contra el mercado, falsedades documentales y apropiación indebida.

Esa es la decisión que ha tomado Calama, quien sustituye en la causa al juez Fernando Andreu, a través de un auto en el que echa todo el peso de la responsabilidad penal que pueda derivarse de ese proceso judicial contra el Santander al entender que al haber absorbido y adquirido «en bloque y a título universal todos los elementos patrimoniales» del Popular, «no se extingue la responsabilidad penal» del adquiriente, que en este caso es el Santander.

Precisamente el pasado 17 de diciembre se llevó a cabo la fusión por absorción de la entidad, de manera formal y definitiva, cuando ya había transcurrido casi un año y medio desde que la noche del 6 al 7 de junio de 2017 se llevara a cabo la compra de Popular por un euro por parte del Santander. Durante esos meses, la entidad presidida por Botín había ido integrando ambos negocios, incluida la parte de los sistemas informáticos, cuyo proceso iba a terminar en este primer semestre.

Desde la entidad admiten que, una vez registrada la operación, contaban con la posibilidad de que Santander fuera imputado como responsable penal en esta causa que se dirige contra Ron y Saracho. Sin embargo, fuentes del grupo apuntan que recurrirán la decisión judicial porque la responsabilidad jurídica que tiene sobre el banco comprado en su momento no se extiende a la penal que pueda derivarse. En cualquier caso, la entidad ha realizado provisiones ante la posibilidad de que tenga que responder ante los demandantes afectados por aquella operación. El Santander ofreció en su momento una alternativa para quienes se sintieran perjudicados -siempre que fueran pequeños inversores- a través de un bono fidelización que tuvo una acogida cercana al 80% de los posibles perceptores.

La ampliación de capital del Popular en 2016 fue una de las operaciones de mercado más controvertidas que protagonizó el banco apenas un año antes de su quiebra. En aquella ocasión, se pidieron 2.500 millones de euros y no solo entre grandes fondos, sino también entre pequeños inversores, muchos de los cuales eran pequeños accionistas, clientes y empleados del banco. Apenas medio año después Popular reconocía unas pérdidas que superaban los 3.500 millones de euros, lo que derivó en un relevo de Ron por parte de Saracho; la salida masiva de depósitos; los episodios de falta de liquidez; la intervención de la Junta Única de Resolución (JUR) europea; y la venta al Santander.

Incluso la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha iniciado una investigación -lo hizo el pasado mes de octubre- a través de un expediente administrativo contra el Popular por infracción muy grave. El regulador se basa en que el banco habría suministrado «información financiera con datos inexactos o no veraces en sus cuentas anuales de 2016».