La sanidad de 1,5 millones de funcionarios se queda en el aire al quedar desierto el concierto con Muface

Las tres firmas llevaban tiempo advirtiendo de que la propuesta económica planteada era «insuficiente» para compensar las pérdidas que asumen por este negocio, agravadas en los dos últimos años por unos contratos desfasados frente a la subida de costes sufrida en el periodo inflacionista. DKV, por ejemplo, calcula unas pérdidas de 77 millones de euros en dos ejercicios –casi las mismas que en el anterior concierto, que fue de tres años– con un gasto en prestaciones médicas que hasta ahora ha sido más de un 10% superior a la prima que ha recibido por ellas.

El gran temor es que ahora, sin ninguna aseguradora privada dispuesta a ofrecer este servicio, sea la sanidad pública –ya de por sí saturada– la que tenga que absorber esa riada de funcionarios. Un reciente estudio de la Fundación IDIS apunta a que esto provocaría un incremento del 266% en las listas de espera para consultas externas; y del 115% en las de cirugías. Se necesitarían casi 4.000 camas más y un aumento de 1.214 millones de euros anuales en el gasto del sistema público para evitar su colapso.

Con esas cifras sobre la mesa, el desmantelamiento de Muface no parece una opción. Por eso, la dirección general del organismo convocó ayer a los sindicatos a una reunión urgente el próximo jueves, 7 de noviembre, con la idea de transmitir su intención de buscar fórmulas legales para continuar con sus prestaciones «en los términos actuales». Aseguran que una vez finalizado el concierto que está vigente hasta el 31 de diciembre «se garantizará la continuidad de las prestaciones sanitarias con arreglo a los mecanismos previstos en la Ley de Contratos del sector público».

Por su parte, el Ministerio de Función Pública también ha movido ficha y pronto «iniciará los trabajos» para sacar a concurso una nueva licitación, con la esperanza de atraer a estas aseguradoras o incluso a otras interesadas que en su día también abandonaron el sistema, como es el caso de Mapfre, Sanitas o Caser.

Tanto Adeslas como Asisa y DKV ya habían mostrado sus reticencias al nuevo plan del Ejecutivo, que ofreció una subida de las primas del 17,12%, que implicaba una media por mutualista al año de 1.208,81 euros en 2026, lo que supone un aumento de la prima por asegurado de 176,69 euros. Según las aseguradoras, esa prima es un 30% inferior a los 1.736 euros que se invierte por ciudadano en la Seguridad Social.

A la espera de una nueva propuesta, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha convocado para el lunes 11 de noviembre una manifestación en las subdelegaciones del Gobierno y frente al Ministerio de Hacienda.

Acusan al Ejecutivo de «poner en riesgo» la sanidad de los funcionarios, exigiendo que el nuevo proceso de licitación sea más generoso con las primas. «CSIF ya advirtió que la oferta era totalmente insuficiente y que el modelo corría el riesgo de morir por inanición», advierten. «Es urgente revisar las condiciones y obligaciones de los conciertos para garantizar la salud de las personas mutualistas», añaden desde CC OO, que denuncian los recortes en los cuadros médicos, la eliminación de especialidades o el cobro de algunas pruebas médicas en los últimos años. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) también se sumó a las críticas, exigiendo un plan «para recuperar un concierto sanitario sólido y duradero».

Quienes sí continuarán con su actual modelo de sanidad privado son 650.000 militares y trabajadores del Ministerio de Justicia junto a sus familias a través de las dos mutualidades que los cubren: la de los funcionarios de Justicia (Mugeju) y del Ejército (Isfas). Adeslas y Asisa han decidido que se presentarán a ambos conciertos cuyo plazo para adherirse ezpira este viernes, 9 de noviembre, pero no a Muface.

«Con esta decisión, Adeslas mantiene su compromiso con el sistema del mutualismo administrativo para aquellas mutualidades que permiten hacerlo sostenible, por los beneficios que ofrece a los funcionarios y sus familiares y las ventajas que supone para el conjunto del sistema sanitario español», explicó Adeslas. La decisión de DKV es no presentarse ni a Muface ni Mugeju.