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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en la rueda de prensa posterior a su reunión con los presidentes autonómicos que el próximo 26 de junio 255.000 personas cobrarán el ingreso mínimo vital. En total, ha revelado, 75.000 hogares recibirán ... de oficio esa prestación. Asimismo, Sánchez ha afirmado que, de acuerdo con los cálculos del Gobierno, la mitad de estas primeras personas beneficiarias de la renta mínima serán menores.
De acuerdo con el decreto ley que regula el ingreso mínimo vital publicado el pasado 1 de junio, estaba previsto que recibieran de oficio esta prestación de manera temporal durante este año los hogares beneficiarios de la ayuda por hijo a cargo. Ello, supeditado a que el importe de la prestación del ingreso mínimo vital que correspondería a cada uno de estos hogares fuera igual o superior al importe de la asignación económica que se viniera percibiendo.
Para estas familias, al menos durante este año 2020, la ayuda que perciben por menor a cargo se verá sustituida por el ingreso mínimo vital. Ambas prestaciones serían incompatibles entre sí. Con vistas al ejercicio 2021, de cumplir los requisitos pertinentes, estas familias podrían seguir percibiendo el ingreso mínimo vital.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comunicado que este «salto en decencia» que ha supuesto la aprobación del ingreso mínimo vital en el consejo de ministros del pasado 29 de mayo, ha tenido un gran impacto que se mide, según ha argumentado, en que la web que se ha puesto a disposición de los ciudadanos sobre esta nueva prestación ha recibido 21 millones de visitas en una sola semana y se han efectuado 3,5 millones de simulaciones.
El ingreso mínimo vital se puede solicitar a partir del 15 de junio con efecto retroactivo al 1 de junio para todas las peticiones aprobadas que se realicen hasta el 15 de septiembre.
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En total, el Gobierno calcula que el ingreso mínimo vital llegará a 850.000 hogares o a 2,3 millones de personas, un 30% de las cuales, menores. Con ello, se calcula que la pobreza extrema se reducirá en un 80%.
La prestación no contributiva de la Seguridad Social aún precisa pulir algunas cuestiones normativas, como la complementariedad con los sistemas de garantías de rentas de las comunidades autónomas o los incentivos para el empleo.
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