La jurisprudencia del Supremo acerca a Rato a la cárcel por el caso de las tarjetas 'black'

Las penas las encabezan los seis años de cárcel para Miguel Blesa, expresidente de la caja -cuya responsabilidad penal se declaró extinta en noviembre tras su muerte, mientras que la civil será reparada en lo posible con el embargo de sus bienes al renunciar su familia a la herencia-, y los cuatro años y medio a su sucesor, Rodrigo Rato, por estar ambos «en el punto de partida» de la «distracción de fondos» con las 'black'. Porque con esas tarjetas VISA Business, cuya concesión quedaba a la «exclusiva discrecionalidad» de ambos presidentes, se despilfarraron 15,5 millones de dichas entidades entre 1996 y 2012.

El juicio, no obstante, limitó el castigo a partir de 2003 al declarar prescrito lo anterior, por lo que la indemnización impuesta a los condenados quedó en 12,5 millones -la mayor parte, 9,3 millones, correspondió a Blesa de forma solidaria-. En cualquier caso, ningún acusado escapó del reproche penal. En total, casi un tercio (19) recibió condenas de más de dos años de prisión, por lo que de ser rechazados ahora sus recursos implicaría su encarcelamiento seguro.

Para el resto todavía habría una pequeña opción aún siendo confirmada la sentencia si carecen de antecedentes penales, sobre todo para los ocho condenados a un año de cárcel o menos. La Audiencia Nacional -que como tribunal sentenciador habría de resolver al final sobre su ingreso en prisión- también valoraría la atenuante de reparación del daño que aplicó a 29 de ellos que devolvieron total o parcialmente lo gastado con las 'black', aunque fueron solo 1,7 millones.

Y es que, según distintas fuentes jurídicas, las opciones de que prosperen los recursos se antojan más bien escasas. Juega mucho en su contra la propia jurisprudencia del Supremo, que en distintos fallos desde 2014 viene considerando apropiación indebida conductas similares a las suyas en una compañía. Nada de una mera sanción administrativa como reclamaron varios abogados defensores sin éxito en el juicio. Uno de los elementos coincidentes en esos fallos fue que los administradores de la sociedad se «aprovecharon de su condición», usando la tarjeta de empresa para «efectuar gastos en beneficio propio y de carácter particular».

Es lo mismo que ocurrió en este caso, como se expone en buena parte de los 259 folios de la sentencia. Además de los 'curiosos' fines dados a ese dinero--desde cuadros hasta viajes, pasando por copas, tratamientos de estética, lencería, compras en supermercados y un largo etcétera-, más de la mitad de los desembolsos se hicieron fuera de la jornada laboral (en algunos casos, por encima del 70%). Es lo que arroja el análisis de los archivos de Excel elaborados por los servicios de informática de Bankia con los movimientos de esos 'plásticos' que facilitó el área de auditoría, controvertidos porque los acusados alegan que se trata de una prueba «contaminada» por una supuesta vulneración de su derecho a la intimidad.

Es la principal baza que tienen las defensas en los recursos, aunque la Audiencia Nacional consideró dicha prueba «fundada» y con un «proceso de seguridad máximo», justificando la posible intromisión en su privacidad porque sería «perfectamente legítima para atender al fin de una investigación penal». Los otros dos puntos destacados en sus alegaciones, la ausencia de otros elementos de cargo -si los Excel fueran anulados- y el presunto desconocimiento de que el uso de las tarjetas era realmente ilícito, tienen muy escasas opciones de prosperar.

De hecho, el Supremo ha declarado en varias resoluciones que «el más elemental sentido común impone al titular de una tarjeta de empresa -y aquí la Audiencia ya vio probado que las 'black' eran eso y no una extensión más de su salario- excluir su utilización para gastos personales». Y ello, precisaba, aunque no exista limitación expresa por parte de quien haya autorizado su uso. Además, la disposición de los fondos aquí, como en otros casos de apropiación indebida, tuvo «vocación de permanencia» (durante años) y no hubo gestiones para devolverlos -al menos no consta- hasta que fueron imputados.