Rato pide paralizar su encarcelamiento hasta que se pronuncie el Constitucional

Su principal argumento es que si el TC los admite a trámite, lo «habitual» con arreglo a su doctrina es que suspenda la ejecución de las penas inferiores a cinco años de cárcel 'sine die' hasta que se pronuncie sobre el fondo del asunto, trámite que puede tardar más de un año. Fuentes judiciales admiten que es lo acostumbrado en ese tribunal, aunque no es un criterio «fijo». En cualquier caso, los condenados por las «black» que han recurrido se aferran a esa posibilidad para que la Audiencia paralice temporalmente su encarcelamiento.

Lo normal es que el Constitucional tarde varias semanas en pronunciarse sobre esa admisión y ellos quieren mantenerse en libertad hasta entonces de manera preventiva, aunque cumpliendo las medidas cautelares que les pudieran imponer los jueces, por ejemplo, retirada del pasaporte y comparecencias periódicas. Sin embargo, el hecho de que no se haya cubierto la totalidad de la fianza solidaria de 12 millones de euros que impuso la sentencia, en concepto de indemnización para las dos entidades financieras citadas, juega en su contra.

La Fiscalía Anticorrupción, que será consultada a este respecto por la Audiencia, se opone en principio a la suspensión de su encarcelamiento. Según fuentes jurídicas, en el Ministerio Público niegan que se hayan podido vulnerar derechos fundamentales de los condenados -por ejemplo, la tutela judicial efectiva por la supuesta existencia de un juicio «paralelo» en la sociedad que podría haber condicionado el fallo-, ni en la fase de instrucción del caso ni durante el juicio, algo que ya sostuvieron sus representantes meses atrás al oponerse a los recursos de las defensas ante el Tribunal Supremo.

Rato fue condenado a cuatro años y medio por las tarjetas «black» (denominadas así por su carácter opaco para el fisco), la mayor pena para los 64 ex altos cargos porque él presidía la caja de ahorros madrileña y el banco que la sucedió. Se les considera autores de un delito continuado de apropiación indebida por cada gasto o disposición de dinero que hicieron con ellas. Debería entrar en prisión a lo más tardar este jueves, al haber recogido su sentencia un día antes de lo previsto. El resto de castigados con más de dos años de cárcel dispondrán de 24 horas más.

En esa lista destacan los exsindicalistas Francisco Baquero (tres años y dos meses de cárcel), Rodolfo Benito (tres años) y Gonzalo Martín Pascual (tres años), además de dos exresponsables regionales de PSOE e IU, Antonio Romero (tres años y dos meses) y José Antonio Moral Santín (cuatro años), respectivamente. No obstante, desde la semana pasada ya hay dos condenados en prisión.

El primero fue el exdirigente de CC OO Antonio del Rey (dos años y seis meses), que el miércoles pasado se presentó en un centro de inserción social y un día después fue trasladado a la cárcel de Navalcarnero –el reo elige si no concurren circunstancias extraordinarias–. El mismo jueves entró en la prisión de Soto del Real -la misma que podría terminar eligiendo Rato si finalmente no se suspende su pena- Estanislao Rodríguez Ponga (tres años y dos meses), que fue secretario de Estado de Hacienda en una de las legislaturas de José María Aznar como presidente .

En la sentencia del Supremo a Rato –quien fue vicepresidente económico del Gobierno y dirigente del PP antes de encabezar el FMI, y luego dirigir la caja de ahorros madrileña– se le imputa directamente «mantener conscientemente, e incluso ampliar a otras personas» un modelo de tarjetas VISA de funcionamiento «opaco», fuera de las retribuciones pactadas y/o autorizadas y que «tampoco aparecían» en las declaraciones de impuestos. Gracias a ello gastaron «sin justificación alguna» en compras de joyas, viajes, supermercados, arte sacro e incluso lencería, además de realizar importantes retiradas de metálico en cajeros.

Prácticamente la mitad de los condenados por las «black» -35 personas con el propio Rato a la cabeza, incluidas tres jurídicas: Bankia, su matriz BFA y la auditora Deloitte- se sentarán en el banquillo de la Audiencia desde el próximo 26 de noviembre por la polémica salida a Bolsa del banco en julio de 2011. Están acusados de falsear las cuentas anuales y engañar a los inversores antes de ese estreno en el mercado. Se enfrentan entre todos a 363 años de prisión y la pena más alta, doce años, se pide para el expolítico como expresidente de la entidad y también para su entonces 'mano derecha', José Manuel Fernández Norniella.