El juez cita el lunes a Rodrigo Rato en la investigación por blanqueo

El juez instructor acuerda esta diligencia después de que la Audiencia Provincial de Madrid desestimara el pasado mes de mayo el recurso presentado por el también exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que solicitaba que se archivara esta pieza de la instrucción. Los magistrados de la Sección 23 instaron entonces a Serrano-Arnal a que le tomara declaración por estos hechos.

El magistrado sobreseyó esta parte de la investigación hace más de un año al considerar que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le atribuía a Rato delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, cohecho y malversación de caudales públicos, carecía de sustento básico.

Según este informe, el exvicepresidente del Gobierno se aprovechó del proceso de privatización de empresas propiedad del Estado como Repsol, Endesa o Telefónica para «colocar» en los puestos de dirección a personas de confianza y obtener «sustanciosos contratos de publicidad».

Aunque no vio delito en su actuación, el juez apuntó que dichos contratos se realizaron «por importes excesivos» y cifró en 71.902.822 euros la facturación provenientes de las empresas privatizadas con las entidades controladas por Rato. Finalmente reabrió esta parte de la investigación por orden igualmente de la Audiencia Provincial de Madrid.

El magistrado Serrano-Arnal sí interrogó a Rato el pasado 5 de abril en el marco de la pieza sobre facturación obtenida por las conferencias que impartió para Bureau Consulting Conferenciantes (BCC) y suspendió la relativa al blanqueo que sin embargo, ahora acuerda programar para este lunes.

En su declaración judicial, el exbanquero aseguró que «efectivamente» facturó a nombre de su sociedad Arada las cuantías obtenidas por la impartición de conferencias, y que lo hizo de forma lícita, de acuerdo con la supresión del régimen de transparencia fiscal del año 2002.

En lo que respecta a la investigación por blanqueo, Rato dirigió un escrito al magistrado que investiga el origen de su patrimonio familiar, en el que acusó a la Fiscalía Anticorrupción de acoger las «disparatadas» conclusiones del Instituto Armado sin hacer «la más mínima labor de contraste» y con una «absoluta falta de rigor».