Ribera prevé una implantación «ordenada» de renovables tras las quejas territoriales

Buena parte del resquemor por la implantación de instalaciones eólicas o fotovoltaicas procede precisamente de Cataluña, País Vasco o Galicia, algunas de las comunidades autónomas en las que varios grupos parlamentarios socios del Gobierno se encuentran electoralmente asentados. De ellos depende, de hecho, la mayoría de la legislatura. En este contexto, la idea de Ribesa para por impulsar los objetivos de generación renovable hasta un 81% para 2030, acorde con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, cuya actualización confía en tener aprobado en los «próximos meses». Pero a partir de ahora esta implantación será mucho más monitorizada, algo que puede suponer un retraso en las licitaciones y permisos para avanzar en la descarbonización, según apuntan fuentes del sector energético a este diario.

La vicepresidenta insistió durante su primera comparecencia de la legislatura en la Cámara baja que la transición ecológica requiere de una visión «ordenada y justa», de modo que se vele por que en el territorio las cosas «se hagan bien» y estas renovables aseguren una «adecuada redistribución de los beneficios».

En sus próximos encuentros con la industria y el sector analizarán las «prácticas y cautelas» para conciliar los distintos objetivos en un despliegue «ordenado» de energías renovables. Así, se combinaría la zonificación y acceso a beneficios por parte de los territorios con mejoras y capacidad de gestión de la integración renovable. Aunque Ribera recordó que la idea es impulsar los objetivos de generación renovable hasta un 81% para 2030

Otro de los retos que afrontará Transición Ecológica en esta legislatura será la activación de la energía eólica marina, una tecnología que cuenta con una ordenación del espacio marítimo que identifica cuáles son las zonas que puedan resultar más adecuadas. «Falta ahora culminar la regulación garantista y activar las palancas necesarias para desarrollar esta tecnología», señaló la ministra ante diputados de comunidades con costa en el Cantábrico, el Mediterráneo o Canarias, precisamente donde estos molinos pueden instalarse a varios kilómetros de las playas.

También aclaró Ribera lo que ya se conoce hasta ahora de lo que será el nuevo gravamen extraordinario a las energéticas. Que será un impuesto «minimizado» para el sector siempre que aceleren sus inversiones verdes. «Se trata de garantizar que lo que hasta ahora era una referencia fiscal se convierta un incentivo en la inversión», respondió a una pregunta al respecto del PNV.

La vicepresidenta recordó que el Gobierno también pretende recuperar la Comisión Nacional de Energía (CNE) como herramienta «fundamental» para reforzar la transición energética y, según ella, acompañar a los consumidores que más lo necesitan en sus hogares o en su movilidad. Supondrá el fin de la actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo creado hace una década y que integra las funciones energéticas en la actualidad.

Por su parte, las centrales nuclares españoles esperan que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, «recapacite» sobre el calendario de cierre de los siete reactores de España, cuya clausura está planificada y acordada con el sector desde 2027 hasta 2035.

El Foro Nuclear considera que el contexto ha cambiado desde que se rubricó aquel pacto en 2019 y que el sistema precisa de la tecnología nuclear como respaldo ante la variabilidad de las renovables. Esta organización apunta además la necesidad de reducir la «elevada» carga fiscal que sufre el sector, como el último alza por la tasa de residuos de Enresa.