Una renta mínima permanente, pero flexible y que cubra la emergencia social

¿Es necesaria la renta mínima?

«La desigualdad creciente hace necesario un sistema de último recurso como éste para luchar contra la pobreza», afirma Sara de la Rica, directora de ISEAK. Ariane Aumaitre, investigadora del Instituto Universitario Europeo de Florencia, coincide en que se requiere la inclusión en el sistema de protección social español de un instrumento que complemente a las prestaciones de paro, que no cubre a muchos colectivos en el nuevo modelo laboral, y que ayude a las personas que, aún teniendo empleo, no reúnen las suficientes horas trabajadas para salir de la pobreza. Luis Sanzo, responsable de estadística del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, añade que España carece de un buen sistema de rentas mínimas y que ello no sólo determina carencias en la dimensión social, sino que también es disfuncional en términos económicos.

¿Debería haber un ingreso urgente antes del permanente?

Sanzo aboga por que se plantee como medida permanente. Cree que el ingreso 'puente' ligado al coronavirus está mal enfocado: primar la acción temporal puede cuestionar su necesidad estructural. Sanzo añade que, si se quiere aportar rápido ingresos a colectivos desamparados, se debería plantear como acción diferenciada, con un programa de renta básica temporal.

De la Rica coincide en la necesidad de la ayuda de emergencia para quienes se hayan quedado al margen de las ayudas ya en marcha, ya que el diseño y la gestión de la permanente son complejos y la evaluación precisa de los hogares lleva tiempo.

Aumaitre defiende dos prestaciones diferentes. Pero urge a que, si la que se aprueba es la estructural, contenga un mecanismo que vincule los requisitos a la situación actual de las personas, puesto que en ocasiones se toma como referencia la última declaración de IRPF, que no captura la situación presente del hogar.

José Antonio Noguera, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, aboga por el equilibrio entre la aprobación del ingreso mínimo estructural y una gestión que permita que el dinero llegue rápido: se inclina por que se diseñe un programa definitivo, pero que incluya elementos de flexibilidad para su implantación y gestión en los próximos meses y sin miedo a dejar flecos pendientes de precisión.

¿Con qué condicionalidad habría de concederse la ayuda?

Noguera defiende establecer como condiciones la inscripción como demandante de empleo –pero sin que sea necesario apuntarse a itinerarios laborales– y contar con ingresos insuficientes. Para Aumaitre se habría de ligar el derecho a la prestación sólo al nivel de renta. Y Sanzo está de acuerdo:«La condicionalidad debería vincularse sobre todo a la comprobación de una ausencia de recursos suficientes». Este experto afirma que si bien el objetivo de la inserción laboral debe buscarse, ello ha de ser, más que con obligaciones, con el diseño de mecanismos que la incentiven.

La renta de urgencia, de haberla, según De la Rica, debería otorgarse a todos los que la soliciten y cuyos ingresos y prestaciones no superen determinado umbral. La solicitud debería ser sencilla de rellenar. Todos los hogares perceptores de la ayuda realizarían la declaración de IRPF de 2020 para valorar ex post si la necesitaban. Si no fuera así, la prestación se debería considerar un préstamo, pues se debería devolver. De la Rica plantea que sea una renta que se renueve mensualmente y por un máximo de entre tres y seis meses.

¿De cuánto sería la prestación?

Aumaitre considera que éste es uno de los aspectos más delicados: a su juicio, hay que tener cuidado con que la cuantía de la ayuda sea «aceptable» para la sociedad, fácil de aprobar por las diferentes fuerzas políticas y que no desincentive el trabajo de los beneficiarios.

Noguera cree que el programa debería llegar, como mínimo, a personas con ingresos por debajo del 40% de la renta mediana (5.914 euros al año) y tendría que priorizar hogares con menores.

Sanzo afirma que la cuantía debería ser el 50% del ingreso mediano (cerca de 7.400 euros al año). Pero resalta que, dadas las diferencias del coste de la vida por regiones, debería establecerse ese 50% sobre el ingreso mediano de cada autonomía.

Respecto a la renta de emergencia, para De la Rica, se debería partir de una cifra base de 500 euros mensuales para hogares de una persona, que aumentaría en 250 euros por cada adulto añadido. Y, por cada niño, bien esa misma cantidad, o algo menos.

¿Cómo encajar la nueva renta mínima en los sistemas autonómicos de garantía de ingresos?

En general, los expertos opinan que el ingreso mínimo estatal debe ser un suelo protector para todo ciudadano español. «El papel de las rentas de las comunidades sería el de complementar dichas cuantías en la medida de lo posible», afirma De la Rica, que insiste en que son importantes los «pluses» por hijo a cargo, para que se ataje con eficacia la pobreza infantil. Noguera finaliza afirmando que debería ser una cuestión a incluir en la negociación de la nueva financiación autonómica.

Compatible con el trabajo y que incentive la integración

Si la renta mínima genera controversia, una de las cuestiones que la acentúa es su relación con el trabajo, por si lo desincentiva entre sus perceptores. Luis Sanzo, del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, explica que la compatibilidad de la prestación con ingresos procedentes del empleo es el principal mecanismo de incentivación del acceso al trabajo en personas que dependen de programas públicos de garantía de ingresos. Añade que esta idea está cada vez más consolidada, con medidas introducidas a tales efectos en Reino Unido, Francia o Alemania. Y afirma que, en España, un rasgo característico del modelo vasco es su sistema de estímulos y bonificaciones en el empleo.

Sara de la Rica, de ISEAK, apunta que un reto en el diseño de la renta mínima es evitar la «trampa de la pobreza», que se produce si la gente queda «atrapada» con esta ayuda y no salen al mercado laboral. Para evitarlo, José Antonio Noguera, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, aboga por incentivos al empleo y políticas de capacitación laboral.

La investigadora Ariane Aumaitre cree que es importante que la renta sea compatible con un empleo, por el creciente fenómeno de los trabajadores pobres. Pero hace dos advertencias: hay que luchar contra la precariedad y ahora la integración laboral ha de estar en segundo plano, dada la situación de parálisis.