Los beneficiarios de la ayuda por hijo a cargo cobrarán la renta mínima

Actualmente, la prestación por hijo o menor a cargo sin discapacidad alcanza los 341 euros anuales (28,41 euros mensuales) cuando los ingresos del beneficiario no rebasan el límite establecido de 12.424 euros anuales, más un 15% por cada hijo o menor a partir del segundo. Aunque la cuantía por hijo, en hogares con una situación de pobreza más severa (con ingresos inferiores a los 10.534 euros al año), se eleva hasta los 588 euros anuales.

De acuerdo con el borrador, los perceptores de las ayudas por hijo a cargo tendrán derecho al Ingreso Mínimo Vital cuando la prestación que les corresponda por este concepto ascienda a los 50 euros o más, es decir, si al hogar del que se trate «le faltan» 50 o más euros para alcanzar la cifra que de acuerdo con el decreto le correspondería tener de renta mínima garantizada. Porque la filosofía de esta nueva prestación de la Seguridad Social es completar niveles de renta hasta los umbrales en que considera que debe estar cada tipo de hogar.

De este modo, de acuerdo con las tablas de renta garantizada por unidad familiar a las que ha tenido acceso este periódico, un hogar formado por un adulto y un menor debe tener una renta garantizada de 700 euros. Si esa unidad familiar cuenta con un salario de 400 euros, la Seguridad Social debería complementar los ingresos con 300 euros. Este hogar, además, dado que requiere una ayuda superior a los 50 euros, en el caso en que cuente ya con una prestación por menor a cargo, tendría derecho a percibir el ingreso mínimo vital durante este año 2020.

Aunque estos hogares deberán cumplir con las exigencias de todos los demás en cuanto a ingresos para ser beneficiarios de las ayudas: sus recursos deberán ser inferiores a la cuantía mensual de la renta garantizada con esta prestación con datos del año 2019, que ya estarían a disposición de la Seguridad Social puesto que ese hogar ya sería beneficiario de una de sus prestaciones.

En todo caso, la prestación transitoria de ingreso mínimo vital será incompatible con la asignación económica por hijo o menor a cargo, por lo que esta última quedaría suspendida mientras se cobra la garantía de rentas, de acuerdo con el borrador. A partir del 1 de enero de 2021 se mantendría el derecho a la prestación siempre que se reúnan los requisitos. En otro caso, se reanudaría la percepción de la ayuda por hijo a cargo.

El Ingreso Mínimo Vital de la Seguridad Social será compatible con los sistemas de garantía de ingresos y de las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas, lo que, a tenor de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, tiene el riesgo de que las autonomías, ante la instalación de la futura prestación estatal, caigan en la tentación de dedicar los 1.500 millones de euros que actualmente invierten en sus propios sistemas a otras políticas que no fueran las relacionadas con la inclusión social y los servicios sociales.

Este organismo entiende que las rentas mínimas de inserción autonómicas tendrán carácter subsidiario respecto a la estatal, es decir, las comunidades ejercerían el papel de complemento al ingreso mínimo vital estatal.

A este respecto, la Asociación lamenta que no se plantee la posibilidad de una «pasarela autonómica» para que, de oficio, se acceda al IMV desde las rentas mínimas de las Comunidades Autónomas. Ello implicaría la incorporación de más de 300.000 personas que ya son beneficiarias de estas prestaciones, sin necesidad de realizar procedimientos administrativos adicionales.

Los últimos cálculos asumen que el IMV alcanzará a 850.000 hogares. Las Directoras y Gerentes de Servicios Sociales han realizado una estimación sobre su distribución a nivel autónomico asumiendo que la ayuda llega al decil más pobre (al 10% de la población más pobre): de esta manera, la mayoría de los beneficiarios (217.538 hogares) serían andaluces, seguidos de los madrileños (98.786 hogares), los valencianos (94.084) y los catalanes (88.809).