Una renta mínima de 590 euros al mes para cuatro millones de españoles

Se necesitarían 6.400 millones de euros para sufragarla, lo que equivale al 0,55% del PIB, para lo que esta organización sin ánimo de lucro propone una serie de ajustes fiscales en los impuestos de patrimonio, de sociedades y sobre la renta de las personas físicas (IRPF) para «recaudar más de lo que más tienen». Si se llevara a cabo esta subida impositiva, los ingresos públicos aumentarían en casi 8.000 millones de euros al año, con lo que se podría pagar -e incluso sobraría dinero- esta renta mínima. La mitad de estos ingresos provendrían del impuesto de sociedades, el 35% de los cambios al impuesto al patrimonio y el 15% restante de gravar las rentas de capital.

«La pobreza severa afecta al 9,18% de la población española actualmente y con nuestra propuesta se reduciría al 0,67%», explicó Liliana Marcos, coautora del informe 'La hora de rescatar a las personas'.

El importe de esta ayuda se calcularía y actualizaría utilizando el salario medio como referencia, lo que supondría en la actualidad unos 590 euros al mes, cantidad a la que se añadirían complementos familiares en función de los miembros que forman el hogar. «Queremos dejar a un lado indicadores como el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) o el salario mínimo, vinculados a la voluntad política», defendió Marcos, que además recordó que el IPREM (el indicador por el que se referencian muchos subsidios) lleva prácticamente una década congelado.

Desde Oxfam defienden la implantación de esta renta mínima estatal que será igual en todo el territorio nacional, pero que luego las comunidades autónomas podrían complementar, ya que en la actualidad hay una «heterogeneidad» de ayudas dependiendo de la región en la que se resida. Así, por ejemplo, un hogar formado por una mujer y su hijo recibe más 900 euros al mes en el País Vasco, mientras que en Madrid apenas 512 euros.

Desde Oxfam denunciaron que el sistema de protección social en España está «infradotado» (ocupa el puesto 13 en transferencias públicas a pesar de ser la cuarta economía de la UE) y además tiene un «carácter eminentemente contributivo», es decir, está ligado al mercado laboral (pensiones, subsidio de desempleo), lo que deja desprotegidos a jóvenes o a mujeres en situación de precariedad que no han podido integrarse en ese mercado. «Es un sistema de protección social regresivo: hoy en día, por cada euro en transferencias que reciben las familias de los hogares más pobres, los hogares más ricos reciben tres», criticó Marcos.

De hecho, España es el sexto país con más desigualdad de la Unión Europea y se sitúa en el puesto 21 en lo que respecta a las ayudas públicas que reducen la pobreza en mayor proporción que en España, según señaló Oxfam, que hizo hincapié en que la presión tributaria en España está 4 puntos por debajo de la media europea. «La pobreza y la desigualdad son decisiones políticas», aseguró la coautora del informe.