Más regulación a los pisos turísticos pero sin «puertas al campo»

Según la alianza turística Exceltur –el 'lobby' que representa a sus principales empresas–, mientras la oferta de plazas hoteleras crece a un ritmo del 1,5% anual en las grandes ciudades, la de ese tipo de apartamentos se dispara un 188%. Un estudio de la consultora inmobiliaria Savills ofrece otro dato revelador: si en el año 2000 ocho de cada diez propietarios nunca habían alquilado sus viviendas pensando en recibir turistas, hoy dos tercios de los propietarios lo hacen en algunos períodos del año.

Hablamos de un mercado donde empresas y fondos de inversión ganan cada vez más peso relativo sobre los particulares –si a principios del siglo XXI solo un 14% de las segundas viviendas se compraban para alquilarlas, hoy son más del 35%–, y donde plataformas digitales como HomeAway y Airbnb han encontrado un nicho de negocio muy rentable como intermediarios para su arrendamiento.

Para los alojamientos reglados, con los hoteles a la cabeza, son una competencia desleal porque no están regulados –ni en criterios sanitarios y limpieza, número de ocupantes o tasas fiscales, por ejemplo–, mientras que ellos sí son sometidos a una normativa que tachan de «excesiva» a la vista de esa desigualdad. Y mientras la demanda de esos pisos turísticos sube a ritmo de dos dígitos, la de apartamentos reglados bajó un 6,6% este verano. El precio también es clave:_a más reglas mayores costes.

Cierto es que «no se pueden poner puertas al campo», como apunta el presidente de la Unión de Agencias de Viajes (UNAV), Carlos Garrido, pero él mismo también reclama que «debe haber una regulación clara para evitar problemas de mala reputación». Y es que la proliferación de pisos turísticos en el centro de las grandes ciudades, además de en lugares turísticos emblemáticos, ha provocado problemas de saturación y el rechazo de asociaciones vecinales.

En esta tesitura, y ante una normativa muy desigual en toda España –las competencias urbanas son municipales y las turísticas autonómicas–, el Gobierno ha decidido realizar «actuaciones concretas» antes de final de año. Lo primero, cambiar la Ley de Propiedad Horizontal –la reforma irá luego al Parlamento– para que las comunidades de vecinos, por mayoría (de tres quintos) y sin unanimidad, puedan vetar esos pisos.

Lo segundo, modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para definir con claridad el alquiler de temporada, es decir, el turístico, que sería de un mínimo de siete días y no más de 45 al año. También prevé establecer un registro estatal único de todas las viviendas con ese uso, que Hacienda utilizará para que cumplan sus deberes fiscales.