Una nueva legislatura bajo la lupa por las importantes reformas que quedaron pendientes

La fundamental, la reforma laboral. Todas las instituciones coinciden en la necesidad de atajar la tasa de desempleo en España, sobre todo el de larga duración, que ya representa el 40% del total. El Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró que el paro podría quedarse estancado en el 14% precisamente por el alto porcentaje de los que llevaban más de un año en esa situación.

El Gobierno se apresuró en negar esta conclusión, aunque las previsiones oficiales no son mucho mejores: una tasa del 14% al cerrar 2019 y del 12,5% en 2020. La OCDE maneja cifras similares, mientras que el Banco de España es un poco más pesimista, con un 14,2% al finalizar este año y un 13,2% el que viene.

La reforma laboral es necesaria, por tanto, para paliar esta situación. Pero por mucha prisa que se dé el Gobierno que se forme, el doctor en Ciencias Políticas y profesor de la UOC (Universidad Abierta de Cataluña) Ernesto Pascual, tiene claro que «no será antes de 2020». No tiene muchas esperanzas puestas en ella, ya que Sánchez ya dijo que sería «una reforma de la reforma», nada de carácter estructural.

Una visión a largo plazo es lo que también pide Josep Lladós, profesor de Economía y Empresa de la UOC. «La reforma laboral se hizo sin consenso, consiguió reactivar el mercado pero cayeron los sueldos y los contratos se precarizaron», por lo que aboga por el cambio tecnológico si no queremos que miles de empleos se pierdan por la instalación de máquinas que hacen trabajos poco cualificados. «Otras economías están asumiendo con interés el cambio, pero aquí el debate político tiene poca altura de miras».

Es la reforma más importante porque inspirará todas las demás, explica Raymond Torres, director de Coyuntura y Economía Internacional de Funcas. «Aunque la reforma educativa también es muy importante, no es tan prioritaria porque si tenemos jóvenes muy bien formados que luego encuentran un mercado laboral lleno de contratos precarios, se irán a otros países».

Inevitablemente la reforma laboral va ligada a la del sistema de pensiones, que en los últimos tiempos ha visto cuestionada su viabilidad. Datos como la deuda que acumula la Seguridad Social avalan estas sospechas. En abril -últimos datos disponibles- el endeudamiento de esta administración aumentó un 4,3% hasta los casi 45.000 millones, tras un alza de nada menos que el 64% en un solo año por los préstamos del Estado para pagar las pensiones.

La AIReF se mostró pesimista en su informe sobre Seguridad Social advirtiendo de que si no se toman medidas que neutralicen el coste de subir las pensiones conforme al IPC, la presión sobre el gasto implicaría un aumento de la deuda de 50 puntos sobre el PIB en 2048 hasta el 130%, más de medio millón de euros. Este gran aumento del gasto se debe, sobre todo, a que en 2030 se comenzará a jubilar la generación del 'baby boom'.

Además hay que tener en cuenta que las cifras de natalidad son alarmantes. Esta semana se conocieron los últimos datos del INE que advertían de que los nacimientos han retrocedido un 30% en solo diez años. El año pasado hubo un saldo negativo entre nacimientos y muertes, lo que supone una estructura de la población más parecida a una peonza que a la popular pirámide.

Así lo señalaba el Banco de España en su informe anual, en el que advertía de la dificultad del mantenimiento del actual sistema de pensiones con estas cifras sobre la mesa. Para ganar en viabilidad consideran que hay que tocar palancas «tanto en los gastos como en los ingresos» e instaron a incentivar «el alargamiento de la vida laboral». Por ello, insisten en acercar la edad de jubilación efectiva (62,7 años) y la de referencia legal (67 en 2027).

El profesor Pascual explica que llegar a un acuerdo en el Pacto de Toledo es «muy difícil» por las diferencias ideológicas tan grandes de los partidos. La esperanza es que debido a que los jubilados son una parte cada vez más importante del electorado de todos, «este sea el incentivo para llegar a un consenso». Eso sí, duda mucho que pueda producirse durante este año por la dificultad de llegar a acuerdos en solo tres meses –si es que el Gobierno empieza a funcionar en septiembre– y pone la vista ya en 2020.

Pero todo empieza por la educación. Para tener profesionales formados, con buenos salarios que permitan un sistema de pensiones de calidad, es imprescindible que el primer escalón sea firme. La OCDE publicó su informe Talis esta semana, en el que alertó de la elevada edad de los docentes de la ESO (46 años de media), que a su vez reclaman menos alumnos por clase y más formación.

El economista Lladós incide en que la apuesta por el cambio tecnológico es fundamental para que los miles de empleos que serán sustituidos por máquinas no aumenten la tasa de paro de nuestro país a cifras altísimas. Para ello -explica- es «fundamental» la inversión en ciencia y tecnología. «Tenemos magníficos investigadores que hacen muyy buen trabajo con los pocos recursos que tienen, hay que darles más».

Pascual, por su lado, asegura que la educativa es la mayor reforma pendiente y que debe ser «consensuada» por todos para que dé lugar a un modelo productivo a futuro. Pone el ejemplo del 5G, donde países como Suecia y Finlandia están liderando esta tecnología con empresas como Ericsson y Nokia porque «en los años 80 apostaron por un modelo educativo de innovación en vez de uno industrial y de servicios como nosotros».