Reestructurar la deuda, una salida antes que echar el cierre al negocio

Los cambios en la ley concursal que prepara el Gobierno –en buena medida, a instancias de la Unión Europea, cuya directiva obliga a trasponer su contenido a la legislación española– aboga por impulsar estos procesos judiciales antes que cerrar como única alternativa. Esa norma trata de que los empresarios detecten con anticipación los problemas de sus empresas. Que no esperen a verse al borde del precipicio, como el coronavirus está provocando en muchos negocios.

En España, la cultura empresarial es mucho más dada a tratar de sobrevivir a duras penas, hasta que al final el empresario no puede más. De hecho, en 2019 se declararon 13,3 concursos de acreedores por cada 10.000 empresas frente a los más de 75 en Inglaterra y Gales, o las más de 107 declaraciones en Francia. El eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano, advierte de que esta realidad complica el futuro de las empresas españolas, por lo que propone «modificar el mecanismo preconcursal de insolvencia» actual por su «ineficacia».

«En España, hay autónomos que bajan directamente la persiana porque no pueden seguir haciendo frente a la llegada de cartas de impagos», explica Garicano. «Y cargan toda su vida con ese cartel de moroso», apunta.

A su juicio, el procedimiento concursal actual se caracteriza por su larga duración. Además, de la poca cultura sobre este tema que hay entre los pequeños negocios para abrir uno. Coincide en ello el presidente de la Federación de Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, quien aboga por que las ayudas que prepara el Gobierno deben servir para reestructurar las empresas y ayudar a los que «desgraciadamente» se van a tener que ver obligados a cerrar y «no tengan que llevar una matrícula de arruinados por siempre, que es lo que ha venido ocurriendo en muchas ocasiones».

Por su parte, Luis Martín, miembro de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC), estima que «aquí nadie quiere dejar deudas con terceros si hay un concurso de acreedores», explica. «Quedas muy mal con gente muy cercana de tu misma población», aclara. «Y tienen una sensación de mala reputación», indica.

Durante el año pasado, apenas repuntaron las declaraciones oficiales de quiebra entre las compañías. Según los datos del INE, se registraron algo más de 4.000 casos, unos 600 menos que en 2019. Resulta paradójico que en un año como 2020, con la crisis del coronavirus y miles de negocios sin actividad, no se incrementaran las quiebras. En realidad, no lo hicieron gracias a los decretos aprobados por el Gobierno sobre los concursos de acreedores, con los que desapareció la obligación de presentarlos. Hasta marzo del año pasado, si una empresa estaba en situación de insolvencia, tenía dos meses para solicitar el concurso. Desde el primer estado de alarma desapareció esta obligación. Y aún hoy se mantiene, al menos hasta el día 14. Aunque está previsto que el Consejo de Ministros apruebe una prórroga de este sistema durante varios meses más, dentro del nuevo plan de ayudas públicas por valor de 11.000 millones de euros que el Ministerio de Economía ya tiene preparado para salvar a los negocios más afectados por los últimos cierres.

El problema que puede surgir es que muchas de las empresas ahora protegidas por la legislación acaben siendo inviables. «El incremento de la deuda registrado en el marco de la pandemia puede suponer un retroceso de casi la mitad de la mejora en capitalización experimentada en la última década», destacan en AFI. «En los sectores más afectados por la crisis, los más expuestos a actividades que requieren mayor presencia física, el deterioro de la solvencia es mucho más acusado», apunta un informe de esta firma. «Y por tamaños, el impacto sería mucho más intenso en el caso de las pymes, cuya vulnerabilidad financiera es mucho mayor», destacan.

Solo en 2020 las empresas han asumido 50.000 millones de euros de deuda más que el año anterior. El propio Banco de España estima que el porcentaje de empresas con presión financiera se habría incrementado desde un 13% en 2019 a un 40% en el caso de las pymes (30% para la gran empresa) y los niveles de insolvencia podrían alcanzar porcentajes cercanos al 20%.