Reducción de jornada, Muface y salario mínimo: las crisis que tendrá que sofocar el Gobierno

El Ejecutivo también debe decidir antes de que termine el mes de enero el nuevo salario mínimo y si da vía libre a la reducción de la jornada para su tramitación en el Congreso, en un escenario de guerra entre los socios de coalición.

Es la gran promesa del Gobierno, la medida estrella de la legislatura por la que ahora están enfrentados el ala socialista y el de Sumar. Pero si quiere cumplir con su compromiso, a lo largo de este año tiene que aprobarse la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales para comenzar a aplicarse como tarde con el inicio de 2026.

Ha sido la bandera del Gobierno de Pedro Sánchez: subir los salarios para acabar con la precariedad e impulsar el consumo. El salario mínimo se ha impulsado más de un 50% desde que llegó a La Moncloa y este año volverá a crecer entre 39 y 50 euros al mes, tal y como aconsejan los expertos. El Ejecutivo se decantará previsiblemente por la franja alta, con lo que el SMI se elevará hasta los 1.184 euros al mes por 14 pagas.

Los más de 3,5 millones de funcionarios han comenzado el nuevo año, una vez más, con el sueldo congelado. La falta de Presupuestos ha retrasado una decisión que se negociará en los próximos meses y que previsiblemente se aprobará con efecto retroactivo. Los sindicatos buscarán un acuerdo a varios años que sirva para recuperar algo de poder adquisitivo perdido. En los últimos tres años sus nóminas se han revalorizado un 9,5%.

La reforma de las pensiones se enfrenta este año a su primer gran chequeo. Será la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) la que determine en un informe que publicará en marzo si los cálculos realizados por el entonces ministro José Luis Escrivá son correctos o, por el contrario, el gasto se desvía en exceso al haber vuelto a ligar las pensiones a la inflación. Si los números siguen sin cuadrar, el Gobierno tendrá que poner encima de la mesa nuevas medidas de ajuste para reforzar su sostenibilidad o, de lo contrario, las cotizaciones sociales subirán de forma automática en 2026 a través del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI).

La decisión de Competencia de llevar la opa de BBVA sobre Sabadell a una segunda fase de análisis también otorga más protagonismo al Ministerio de Economía en la operación, que ahora tendrá que recibir el informe de la institución sobre las condiciones a la misma. A partir de ahí, el Gobierno tendrá que avalarlas y podrá incluso endurecerlas, en un contexto de rechazo a una de las operaciones bancarias más importantes de los últimos tiempos.