Recorte histórico a la industria por reducir su consumo de luz para garantizar el suministro

La complejidad de la factura de la luz también afecta a la gran industria, en general las fábricas que hacen un uso intensivo de la electricidad para poder operar. Cada seis meses, el sistema asigna a estas plantas -casi todas situadas en el norte de la Península- un importe con el que se les compensa económicamente a cambio de que minimicen su actividad, y por lo tanto su elevado consumo de luz, cuando el sistema lo requiera por motivos de seguridad para garantizar el suministro al resto del país. Sin embargo, el resultado de la subasta de interrumpibilidad (así es como se denomina técnicamente este proceso) ha dejado sobre la mesa un pago de apenas 4,38 millones de euros. Se trata de la menor cuantía nunca establecida tras sufrir un recorte que ha alcanzado el 90% con respecto al de la última subasta de este año.

El resultado económico de esta adjudicación ha dejado petrificada a la gran industria que habitualmente acude a este proceso de desconexión programada: Alcoa, Arcelor, Ferroatlántica, Asturiana de Zinc, Celsa, Acerinox y Ercros son algunos de los habituales protagonistas en estas operaciones, y que han visto reducir el dinero que van a percibir. En total, han sido 118 empresas las que han acudido a esta subasta en la que se han adjudicado entre 30 firmas 200 bloques de cinco megavatios (Mw) cada uno entre el 1 de enero y el 30 de junio próximos. El precio medio ha sido de 8.764 euros/Mw y año. Esta referencia se encuentra lejos de los 81.220 euros/Mw de la subasta anterior, correspondiente a la del segundo semestre de 2019 que ya llega a su final.

Se trata del último bache que ha aparecido en un proceso que ya venía recortando los importes que recibe la industria no ya en los últimos meses, sino prácticamente durante varios años. Sumando los 101,15 millones de euros destinados a la interrumpibilidad en el primer semestre del año, el importe de 2019 ascendía a un total de 196,15 millones. Esta cifra supuso un nuevo significativo recorte, unido al del año pasado, que dejó la cuantía recibida por la gran industria en 2018 en poco más de 300 millones de euros, respecto a los más de 350 millones de euros que los grandes consumidores de electricidad percibieron por este concepto en 2017, y menos de la mitad de los más de 500 millones de euros que recibían años atrás.

Sin embargo, fuentes del sector apuntan que apenas han sido tres las peticiones de reducción de consumo que ha solicitado el sistema a estas industrias durante 2019, debido a la sobrecapacidad instalada. España cuenta con una potencia de 108.000 megavatios (Mw), superior a las necesidades de consumo, que ha vuelto a caer un 1,5% con respecto a 2018, según Red Eléctrica.

El anterior Gobierno propició cambios que supusieron un descenso de las condiciones para la industria ante la queja de la UE de dar a través del recibo eléctrico ayudas a estas empresas. El recorte tiene su repercusión en la factura del consumidor, al verse reducido en una mínima parte dentro de los costes fijos, por no tener que retribuir tanto como antes a la gran industria.

Sin embargo, la queja del sector ha venido elevándose en los últimos tiempos hasta que este jueves pusieron el grito en el cielo. Esgrimen casos como el de Alcoa, la multinacional de aluminio que este verano firmaba la venta de sus plantas de Asturias y La Coruña al fondo suizo Parter Capital. Y lo ha hecho, entre otras razones «por los elevados costes fijos» como el de la energía.

Ese ha sido el caballo de batalla de la industria con los últimos gobiernos: lograr una reducción de su factura eléctrica para evitar cierres, despidos y deslocalizaciones. La patronal siderúrgica (Unesid) ha avisado de que este recorte «daña a competitivdad del acero español, perjudica la sostenibilidad del sistema eléctrico» y supone «una tragedia».

El Ministerio de Industria tiene previsto desarrollar el Estatuto del Consumidor Electrointensivo para aclarar esta situación, aunque la provisionalidad del Ejecutivo ha impedido el desarrollo normativo. Mientras tanto, Unesid pide que compense este último recorte para que el «alto precio de la electricidad» esté al mismo nivel que el de los competidores europeos.