Rato adelantará su ingreso en prisión para evitar a la prensa

Y no fue el único de los 15 condenados a más de dos años que hizo lo mismo. Estanislao Rodríguez Ponga, con quien Rato coincidió en el Gobierno –el primero como secretario de Estado de Hacienda y el segundo de ministro de Economía–, también se anticipó a la prensa para recibir la notificación formal del fallo que le impone una pena tres años y dos meses, por el uso que dio a aquella polémica VISA en su etapa como consejero de Caja Madrid.

Los otros 13 condenados -en total, fueron 63 las personas que según el Tribunal Supremo incurrieron en un delito continuado de apropiación indebida cada vez que gastaban o sacaban dinero con las 'black'- se presentarán este jueves en la Audiencia, como se esperaba. Entre ellos figuran los exsindicalistas Francisco Baquero (tres años y dos meses), Rodolfo Benito (tres años) y Gonzalo Martín Pascual (tres años), además de dos exdirigentes de PSOE e IU, Antonio Romero (tres años y dos meses) y José Antonio Moral Santín (cuatro años).

Ellos dispondrán así hasta el 26 de octubre para ingresar en una prisión de su elección, si es que agotan el plazo de 10 días hábiles que les concede el tribunal. Para Rato y Rodríguez Ponga habrá 24 horas menos, aunque fuentes jurídicas creen que podrían hacerlo varias jornadas antes, de nuevo con el fin de evitar la presencia de fotógrafos.

Para el que fuera presidente de Caja Madrid –donde relevó a Miguel Blesa, fallecido el año pasado aunque también condenado por las 'black'– y luego de Bankia el futuro judicial todavía no está claro. Y es que tiene abierta una causa por su presunto enriquecimiento ilícito, impulsada por la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción.

Precisamente este miércoles la Audiencia Provincial de Madrid rechazó su recurso contra la ampliación en dos años más de la investigación por delito fiscal, que ahora comprenderá de 2012 a 2015. Rato sostenía que la orden de registro de sus inmuebles donde se halló la documentación que podría incriminarle solo incluía los dos primeros, pero los jueces lo validan como «hallazgo casual» según la jurisprudencia del Supremo.

El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, investiga el cobro de comisiones presuntamente ilícitas en su última etapa como banquero, al estimar que ese posible delito de corrupción entre particulares «se encuentra íntimamente relacionado» con los otros dos que sustentan ahora el caso. De un lado fraude a la Hacienda Pública, en total 5,4 millones de euros desde 2009 si se excluyen los ejercicios prescritos -cantidad que ahora podría varias conforme a la ampliación del período de pesquisas-, y por otro blanqueo de capitales, aunque éste último no lo ve claro porque la legislación vigente en esa época lo vincula al delito antecedente y en este caso el cohecho está «notoriamente prescrito».