Las quiebras de empresas crecieron un 37% a pesar de las moratorias

En España se ha declarado una tercera prórroga de la moratoria concursal hasta el 30 de junio de 2022. A pesar de este escudo legal, que exime a las empresas en una situación de insolvencia de sus obligaciones de declararse en concurso de acreedores, los datos reflejan un incremento de los niveles de concursalidad.

De hecho, es uno de los temores que anticipan los expertos de lo que pueda ocurrir cuando esa medida de protección deje de estar vigente. Desde el Consejo General de Economistas apuntan que «el tejido empresarial español está conformado fundamentalmente de pymes, muy sensibles al incremento de los costes energéticos y los costes a laborales, con apenas colchones para, no solo invertir, sino sobrevivir a las incidencias». Ante esta situación, «puede que no sea el mejor momento para afrontar una subida de los costes laborales, vía incremento del salario mínimo interprofesional o vía cotizaciones sociales, dado que muchas de estas empresas tienen difícil su viabilidad». En su opnión, la extensión hasta el 31 de julio de 2022 de la línea de avales del ICO para autónomos y empresas, la ampliación de la moratoria concursal, y la refinanciación de los préstamos avalados por el ICO, «tiene como consecuencia diferir el cierre de una parte importante de estas pymes, con sus efectos en la estructura económica del país, y en el número de trabajadores empleados».

Por comunidades autónomas, Cataluña representa un 24% del total de casos de concurso de acreedores y Madrid otro 23%. Son los territorios más concursos se declaran. Les siguen la Comunidad Valenciana (15%) y Andalucía (9%). Por sectores, predominan las insolvencias de compañías dedicadas a servicios (52% del total), seguidas por construcción (22%) e industria manufacturera (14%).

Asimismo, durante la primera fase de la pandemia se adoptaron medidas económicas que no solo redujeron al mínimo la actividad concursal, sino que también congelaron durante unos meses la toma de decisiones empresariales. Por ello, en el conjunto de 2021, la constitución de empresas registró un crecimiento del 28% respecto al pasado ejercicio, hasta las 101.839.

Esta constitución de empresas se concentra en Madrid (23%), Cataluña (19%) y Andalucía (17%). Por sectores de actividad, servicios (47% del total) y construcción (32%) concentran la creación del nuevo tejido empresarial, a mucha distancia de la industria manufacturera (4%).

Respecto a las disoluciones, estas muestran un crecimiento acumulado durante los once primeros meses de 2021 del 14%, hasta las 26.014 operaciones. Madrid (29% del total de casos), Andalucía (14%) y la Comunidad Valenciana (12%) son las comunidades autónomas donde más disoluciones se declaran. Les siguen Cataluña (7%) y Galicia (6%). Por sectores, predominan las disoluciones de compañías dedicadas a servicios (51% del total) y construcción (24%), seguidas de la industria manufacturera (8%).

La morosidad podría convertirse en una de las principales consecuencias de la pandemia. A pesar del avance de la economía, las empresas siguen incrementando el riesgo de impago, y las previsiones para el 2022, que está a punto de comenzar, no son nada halagüeñas. Según el Informe Europeo de Pagos de Intrum, en el que han participado compañías de 29 países europeos, el 47% de las organizaciones españolas identifica la solvencia de sus clientes como el principal reto al que se enfrentará este año.