Primer mandato al INE: incluir tarifas libres de luz para contener la inflación

La abrupta salida de Juan Rodríguez Poo de Estadística, por «motivos personales», aunque tras varios meses de desencuentros con el departamento que dirige Nadia Calviño, se saldará con un nuevo cargo que tendrá en el IPC y en el PIB sus dos grandes retos.

El dato que mensualmente publica el INE sobre la inflación sigue sin reflejar una buena parte del precio que pagan millones de consumidores por la luz. Y siendo la electricidad el producto que más ha tirado de la cesta de la compra hacia arriba, el organismo viene trabajando desde hace meses en la fórmula para incluir todos los contratos eléctricos en el registro oficial del IPC.

No es técnicamente fácil, tal y como ha reconocido siempre la institución. Tanto es así, que el INE quería incorporar esos contratos del mercado libre al dato de la inflación oficial el pasado mes de enero. Y seis meses después sigue sin hacerlo. Entonces «no fue posible», indican fuentes de Estadística.

La cuestión no es baladí. Al no incluir los contratos libres, se deja una parte de los precios fuera de los registros. Hasta ahora, el INE solo tenía en cuenta el precio que pagan los usuarios del mercado regulado (unos 10 millones en toda España) al tener constancia del coste exacto que abonan por la luz, esto es, el euro por kwh. Una cifra que en el caso de los contratos libres aún no ha conseguido, porque depende de la información que le proporcione cada compañía.

La propia vicepresidenta Calviño considera que esta situación se traduce en «una rápida transmisión en la inflación». Cada euro que sube el kwh de la tarifa regulada (PVPC), sube directamente el IPC. Supone «una sobreponderación» de una tarifa concreta, según Calviño.

Para incorporar esa masa de contratos (superan los 16 millones en toda España) es necesario que las eléctricas aporten sus datos. Y al no haberlo hecho aún, Calviño ha aprovechado alguna ocasión en el último mes para realizar un llamamiento a la responsabilidad de las empresas, sobretodo las energéticas, para que «arrimen el hombro», rebajen el precio de la electricidad y faciliten al INE los datos que se les ha reclamado para acabar con la sobreponderación del precio del gas en el IPC y que éste pueda reflejar fielmente el precio de la electricidad.

De hecho, el dardo lanzado por Calviño tenía en aquel momento un destinatario, Iberdrola. Tras los meses que se llevan trabajando para tener este detalle, dijo que «hay una empresa que no ha dado los datos y necesitamos que todo el mundo ayude para que baje el precio de los carburantes para que baje el precio de la energía en el mercado mayorista y para que el IPC refleje bien los precios reales».

La incorporación de las tarifas libres no tiene por qué suponer una rebaja drástica de la inflación, menos aún en un contexto de alzas de precios energéticos. Aunque, en parte, puede sostener el dato del IPC.

Dada la complejidad de los datos, las compañías llegaron a pedir una ampliación del plazo otorgado y espera que la información la tenga el INE en el menor tiempo posible. Pero ese día no termina de llegar. Las empresas eléctricas llevan más de dos años planteando la desagregación del IPC teniendo en cuenta los contratos a precio fijo y no solo la tarifa regulada.

Los contratos libres de electricidad se caracterizan por la estabilidad en los precios que aplican las compañías a sus clientes, aunque depende de cada caso. Su vigencia es a un año vista habitualmente, frente a la variación los regulados.