Unos presupuestos de aluvión

Esta paradoja conduce a unos PGE confusos, que no marcan tendencia, que no dan grandes pautas sobre vectores políticos trascedentes y que están trufados de regalos a la galería. No en vano en 2019 hay elecciones europeas, autonómicas y municipales.

Las cuentas públicas están construidas con prudencia: la previsión de crecimiento es del 2,7% y el déficit, pactado con Bruselas, es del 2,2%. Los ingresos tributarios previstos crecerán un 6%, hasta 210.015 millones de euros, lo que supondría una cifra récord, superior a la de 2007, máximo histórico hasta hoy.

La disponibilidad de mayores recursos se invierte en mejoras para los pensionistas (se beneficiarán 6.730.000 de ellos, a través de diversas medidas: subida del 3% de las pensiones más bajas, exención de IRPF hasta 14.000 euros, subida de la base reguladora de la pensión de viudedad, etc.). Entre las medidas fiscales figuran deducciones por gastos de guardería (de 1.000 euros anuales), por cónyuge discapacitado (1.200 euros anuales) y por familia numerosa (600 euros anuales adicionales por cada hijo que exceda el número establecido en la bonificación). Además, se sube el sueldo a los funcionarios y se convocan nuevas plazas, por encima de la tasa de reposición; se alargan los permisos de paternidad a cinco semanas, se reduce el IVA del cine al 10%. Se mejora la financiación de las comunidades autónomas y se da más autonomía de gasto a los ayuntamientos… La lista es más larga, pero lo que los medios destacan son las medidas más aparatosas, en buena medida urgidas por Ciudadanos.

La existencia de PGE redundará, si se confirma, en una serie de beneficios para las personas, por lo que no se entendería que el PNV, que ya pactó recientemente con el PP sus reclamaciones históricas sobre el concierto y el cupo, no se apresurase a respaldarlos, dejando de lado sus inconcebibles reservas que tienen que ver con la ‘solidaridad nacionalista’ con sus correligionarios catalanes. De cualquier modo, no parece que esta suma de concesiones heterogéneas que componen un singular rompecabezas marque una dirección de avance reconocible para el país. Y es que el procedimiento adecuado para elaborar un presupuesto del Estado razonable debería ser bastante más racional.

Convendría, en efecto, determinar primero (por mayoría o, mejor, por consenso) el tamaño del sector público que deseamos edificar y mantener, para decidir luego cómo vamos a financiarlo. Y aquí las cosas ocurren al contrario: sin un criterio claro, se toma el presupuesto del año anterior, se estira de aquí y se encoge de allá, hasta que todo cuadra más o menos. No hay recursos —se dice-para indexar las pensiones con el IPC pero se suben esta vez más que el IPC para que nadie se sienta postergado. No hay un argumentario claro que nos indique la evolución a medio plazo de la Sanidad y de la Dependencia, pongamos por caso. Y no existe una correspondencia reconocible entre las distintas políticas departamentales y las consignaciones presupuestarias. Lo único claro es que seguimos teniendo una presión fiscal considerablemente más baja que la media europea, lo que nos concede un amplio margen de maniobra. Sería posible debatir si se quiere más impuestos para mejores servicios públicos y más atenciones sociales o si, por el contrario, preferimos mantener este estado adelgazado y raquítico en muchos aspectos. Pero este debate brilla por su ausencia.

Los partidos políticos tienen, sin duda, su posición al respecto, pero no ha existido controversia. Los PGE son un listado de buenas intenciones, pero no está claro que el patente electoralismo que derrochan, y que no es en sí mismo censurable, nos garantice la mejor productividad del dinero de todos. Nos los venden como un regalo, cuando obviamente somos nosotros quienes pagamos la factura.