España capta apoyos ante la compleja negociación europea para recortar gas

No va a ser fácil llegar a un consenso entre 27 sistemas energéticos distintos. Y, sobre todo, con falta de conexión entre sí. La cita clave será el próximo martes, día 26, cuando se reúnen el consejo de ministros energéticos de la UE para tratar la propuesta de ahorro gasista comunitaria. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, insistió este jueves que España «no está dispuesta» a que se le imponga sin preguntar «algo que considera injusto».

Para su departamento, la propuesta europea implica «un esfuerzo sobredimensionado para España». Y apuntó informes como el de Bruegel, en el que se señala que «a España, Portugal y, en menor medida, a Francia, el objetivo que les correspondería de manera justa, con un efecto redistributivo y no un sobreesfuerzo, es que nos quedáramos a cero». Es decir, no aplicar recortes de gas en la industria.

Ribera insiste en que Europa «puede contar con la solidaridad» de España, aunque pone «en duda la efectividad» de las medidas que se plantean desde Bruselas. Se refiere -y esta será la baza que les sirva para negociar el plan definitivo- a la mínima interconexión terrestre que tiene la Península Ibérica con Francia, a través de dos pequeños gasoductos en País Vasco y Navarra, de 3.000 metros cúbicos al año entre ambos. Solo de Argelia llegan más de 10.000 en ese mismo periodo. Además, la gran cantidad de buques metaneros que llegan a los seis puertos españoles con regasificadoras no sirven para transformar la materia prima y enviarla a otros socios europeos, porque apenas cuentan con estas instalaciones para recibir el gas natural licuado. Y sugiere que iría a parar a «terceros» países, como China y otros asiáticos.

En este sentido, Portugal y Grecia se han sumado también en su rechazo al plan propuesto por la Comisión Europea. «Portugal va a oponerse» a esta medida «desproporcionada», declaró Joao Galamba, secretario de Estado para el Medio Ambiente y la Energía. Por su parte, el portavoz del gobierno heleno, Yiannis Economou, indicó que no están de acuerdo con esta propuesta. «No estamos de acuerdo con el carácter obligatorio de la medida, y tampoco con el nivel de la reducción anunciada», según el ministro griego Kostas Skrekas.

Dentro del sector energético, la Asociación Española del Gas (Sedigas) ha mostrado su apoyo a la posición del Gobierno y ha considerado necesario una aplicación de las medidas de ahorro que «tenga en consideración las capacidades logísticas y el modelo de suministro de cada Estado miembro, lo cual no es contrario con los principios de necesaria coordinación y solidaridad con nuestros socios comunitarios». En un comunicado, Sedigas pide tener en cuenta la situación de partida de cada país en términos de consumo de gas, disposición de infraestructuras de recepción e interconexión con Europa y su actual grado de exposición al suministro de gas de origen ruso.

En el caso concreto de España, recuerda que ese riesgo apenas representa el 10% y, por tanto, deben considerarse «la aplicación de medidas diferenciadas que permitan dar una respuesta eficaz y coordinada, en términos de seguridad de suministro y coste, a la actual crisis energética».

Asimismo, la patronal gasista subraya «la relevancia estratégica» actual de la infraestructura gasista española para garantizar la soberanía energética europea, un papel para el que el sector está «plenamente preparado y dispuesto», pero que pasa por «el necesario refuerzo de la red de interconexiones que permitan impulsar no solo más volúmenes de gas natural hoy, sino en el futuro inmediato el flujo de gases renovables, como el biometano y el hidrógeno verde».