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El sector público afronta el desafío de atraer talento joven. Para paliar este déficit, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha puesto en marcha campañas para hacer más atractivo el empleo en el Estado, mostrando que más allá del estereotipado trabajo de oficina hay ... otras opciones para las nuevas profesiones STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Pero estas iniciativas pueden tardar en dar sus frutos.
Fuentes sindicales señalan como problema para el acceso general -y de los jóvenes- a la Función Pública, además de que en el sector privado algunas profesiones gozan de una mayor remuneración, la incertidumbre que acompaña a los opositores -sumada a la capacidad económica con la que tienen que contar para poder dedicar muchos meses al estudio intensivo- porque la estructura de los procesos selectivos no es ordenada: la oferta de empleo se aprueba en una fecha, pero no se sabe cuándo van a tener lugar las convocatorias de las oposiciones.
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Mientras esto ocurre, la plantilla estatal sigue muy envejecida y continúa envejeciendo. Según cifras de este mismo año, las personas menores de 40 años apenas suponen el 14% de la plantilla del sector público estatal. El 43% de los funcionarios se encuentran entre las edades de 50 y 59 años y el 64% del total de los efectivos con que cuenta el sector público estatal es mayor de 50 años.
En 2021, cuando se elaboró el documento 'Orientaciones para el cambio en materia de selección en la Administración General del Estado', la edad media de los funcionarios era de 51,63 años, es decir, casi una década mayor que la edad media de la población activa en su conjunto. Además, ese informe en profundidad sobre el estado de salud del empleo público calculaba que en la presente década y hasta el año 2030, más de la mitad de la plantilla actual llegará a la edad de jubilación.
Esta situación tiene lugar en un contexto en el que, según cifras de Eurostat, en España el empleo público sobre el total de la fuerza laboral rondaba en 2020 la media europea, que se sitúa en el 16%. De este modo, con cifras de la última Encuesta de Población Activa (EPA), la correspondiente al tercer trimestre de 2022, el funcionariado español pesa un 17% sobre el conjunto de la fuerza laboral. Aunque, de acuerdo con esa misma estadística, nunca ha habido tantos funcionarios en España como en la actualidad, ya que se ha superado por primera vez la cota de los 3,5 millones de ocupados. Ello, tras situarse por debajo de los tres millones a mediados de la década pasada, cifra a la que cayó con la crisis después de haber alcanzado los 3,3 millones entre 2010 y 2011.
De acuerdo con Javier Martínez, portavoz de CC OO, estas cifras esconden el hecho de que la Administración General del Estado ha perdido 14.000 efectivos en los últimos diez años, frente al aumento registrado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que han mantenido unas tasas de reposición más amplias en los últimos años.
Si bien con las ofertas de plazas del último par de ejercicios se tratan de paliar algunos déficits importantes de personal, como consecuencia de las dilaciones en la convocatoria de los procesos que retrasan las incorporaciones del personal, hay propuestas sindicales para reforzar con personal interino algunas plantillas, como la de la Seguridad Social.
En todo caso, incluso tras el crecimiento más reciente, el peso del empleo público en España es muy inferior al de países como Suecia, Dinamarca o Finlandia, en los que el funcionariado oscila entre el 25% y el 30% del total. Aunque en otros países como Alemania, Holanda, Italia o Luxemburgo, el empleo público no llega ni al 15% del conjunto de la fuerza laboral en activo.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dedica un componente en su integridad al desarrollo del objetivo de la modernización de la Administración. Una de las medidas más relevantes que incorpora y que ya está operativa es la reducción de la temporalidad en el empleo público, con el objetivo de situarla por debajo del 8% desde niveles por encima del 30% en que se encontraba. A ese fin aprobaba el Congreso de los Diputados hace un año una ley con medidas urgentes. Es una actuación que compete a todas las Administraciones Públicas, que antes del 31 de diciembre han de convocar las plazas para estabilizar el empleo temporal enquistado, de manera que todo el proceso esté resuelto antes del 31 de diciembre de 2024.
Aunque el Estado central ya contaba con una tasa de temporalidad cercana al 8%, ha tenido que aprobar una oferta de estabilización de hasta 10.636 puestos, la más elevada de la historia.
El Plan de Recuperación, en su capítulo sobre las Administraciones Públicas, también hace alusión al desarrollo del teletrabajo en el sector estatal. Por el momento, no se ha aprobado la ley que lo regula de manera estructural, pero durante la pandemia estuvo operativo el trabajo a distancia de forma coyuntural y también hay en estos momentos medidas adoptadas por cada departamento ministerial en el marco del ahorro energético planteado para hacer frente a las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania. Ello está ocasionando malestar en algunos centros de trabajo, ya que se critica que no se están aplicando criterios objetivos y homogéneos para las personas que ocupan puestos similares. Además, hay quejas relacionadas con el hecho de que no esté regulado como tal el teletrabajo, lo que implica que en muchas ocasiones no se respeten las normas sobre prevención de riesgos laborales y que a veces la provisión del material corra a cargo de los propios trabajadores.
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