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El ministro de Agricultura, Luis Planas, saca su última bala para intentar frenar las protestas del campo. Tras una reunión de más de tres horas con las principales organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA), Planas se abrió ayer a ciertas mejoras fiscales y a ... mejorar las primas de los seguros para atender a dos de las principales reivindicaciones del sector que, de momento, exigen mayor concreción.
Sin acuerdo firme sobre la mesa, ambas partes entran en compás de espera y se emplazan a un nuevo encuentro la próxima semana, con el objetivo de acelerar en estos días los trabajos técnicos que permitan cerrar el pacto final y, sobre todo, «medidas que se pueden aplicar ya de forma inmediata, relacionadas con la declaración de las ayudas de la PAC para este año», tal y como indican desde el Ministerio.
Sin ese acuerdo, la amenaza de protestas se mantiene en el aire. «Si no hay soluciones, habrá movilizaciones», advertía Pedro Barato, presidente de Asaja, tras este tercer encuentro con el ministro en menos de un mes.
Ambas partes reconocen, no obstante, avances en las negociaciones. «Todos tenemos claro que hace falta un sistema sólido que tenga el apoyo público del Gobierno y también de las comunidades autónomas», expresó Planas en torno a los seguros agrarios. La idea pasaría por una mejora de las primas, pero bajo el paraguas de las comunidades autónomas «para complementar hasta llegar al máximo subvencionable establecido por la Unión Europea, al 70%».
El Ejecutivo suma a su oferta medidas fiscales más allá de la bonificación al gasóleo profesional que ya se aplica en el sector. Ayudas que estarían enfocadas en los profesionales autónomos, los jóvenes agricultores y ganaderos y las llamadas entidades prioritarias (cooperativas, entre otras). Tres grupos que, a juicio del Ministerio, necesitan una mayor dosis de apoyo. «Estamos analizando las reducciones que se podrían aplicar en esta misma campaña», indicó Planas en referencia al actual sistema de módulos que ahora establece un límite de 250.000 euros en ingresos anuales.
Pese a la posible subida de esa cifra –que el Ministerio tampoco ha concretado– el campo mantiene el pulso. «Hay más ministerios que tienen que dar la cara», critican desde el sector, en referencia al coste de las normas medioambientales que dependen del Ministerio de Transición Ecológica, así como el de medidas como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), impulsada por el Ministerio de Trabajo.
Este ha sido el tercer encuentro que el ministro mantiene con estas organizaciones, en plena ola de movilizaciones que enfilan ya su tercera semana y que en los últimos días han tenido como protagonistas dos grandes tractoradas en Madrid, una de ellas -la más numerosa- promovida por Unión de Uniones que, de momento, sigue sin mantener contacto con el Ejecutivo.
De la última reunión de Planas con COAG, Asaja y UPA salió un paquete de 18 medidas que, aunque convenció al sector en algunas de sus propuestas, el campo sigue considerando insuficientes. Entre ellas, destaca la creación de entre las que destaca la creación de una nueva Agencia Estatal de Información y Control Alimentario para reforzar las inspecciones para que se cumpla la ley de cadena alimentaria. También se acaba con la obligatoriedad del llamado cuaderno digital, una medida que ahora será voluntaria, aunque el Ejecutivo incentivará a aquellos que adopten esta herramienta.
«Con este paquete de medidas y las nuevas suponen más de 30 iniciativas», indicó Planas este miércoles, reconociendo que «aún queda un trecho por concluir y aceleraremos los trabajos» en los próximos días.
Pese a todo, agricultores y ganadores tienen claro que el momento para presionar es ahora, a menos de cien días de las elecciones europeas y con muchas de sus reivindicaciones bajo el paraguas de Bruselas. Sobre todo las que tienen que ver con los acuerdos comerciales con terceros países y la protección frente a la competencia desleal.
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