Planas pide a las comunidades más responsabilidades ante las protestas del campo

La sucesión de cortes de autovías, bloqueos de plazas o protestas en centros logísticos acumula casi 21 días con más o menos apoyo, pero no cesan. Más aún cuando está prevista una gran movilización en toda España este miércoles día 21. Ante este contexto, el ministro de Agricultura mira ahora a los gobiernos autonómicos porque «más allá de lo que se va a discutir en la UE y de las propuestas del gobierno, hay medidas muy sencillas que están en manos de las comunidades y que estas pueden apodar para responder a esta inquietud por la aplicación».

Entre otras cuestiones, Planas quiere que las regiones realicen las inspecciones de una explotación agraria o ganadera «de forma coordinada». También aspira a «asegurar» que las convocatorias de ayudas para jóvenes que se inician en la agricultura «se efectúen todos los años en un periodo determinado», algo que «daría certidumbre y seguridad a los agricultores». Así como que las comunidades «asuman la tarea de forma efectiva» del control de la cadena alimentaria que se va a reforzar con la nueva agencia estatal.

El punto clave de todo este contexto de crisis del campo llegará, en cualquier caso, el próximo 26 de febrero, cuando se celebra el consejo de ministros de agricultura de la Unión Europea. Ante esa cita, la presidencia belga ha situado como tema fundamental la necesidad de dar respuestas rápidas y estructurales a la crisis actual de la agricultura. En los pasillos de la Comisión Europea son conscientes de la relevancia que ha tomado el sector agrario en las últimas semanas y previsiblemente se flexibilizarán buena parte de las medidas que se iban a poner en marcha para lograr que los agricultores calmen sus protestas.

En esa cita, Planas va a trasladar a sus homólogos propuestas como la simplificación de la norma sobre Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales de la PAC, como la derogación para 2023 de las relativas a la rotación de cultivo y superficies no productivas en los regadíos. Además, se solicitará la eliminación de la retroactividad en el cómputo de los años de rotación y la posibilidad de que compute como rotación que un año se haya puesto un cultivo secundario sin que se haya hecho uso en los años anteriores. Y se instará a un laboreo vertical entre la cosecha correspondiente y el 1 de septiembre.

En el plano nacional, el Ministerio anunció la semana pasada un paquete de 18 medidas como la creación de una nueva Agencia Estatal de Información y Control Alimentario para reforzar las inspecciones para que se cumpla la ley de cadena alimentaria. Quiere que las inspecciones de oficio se realicen de forma más urgente, así como a publicar las sanciones graves y muy graves a las empresas que incumplan la norma que prohibe vender a pérdidas. Y, por supuesto, accedió a establecer como voluntario el denominado cuaderno digital (una herramienta para poder acceder a las ayudas de la PAC), que era una de las principales reivindicaciones del sector.

La plataforma 6F, que inició las movilizaciones el pasado 6 de febrero a través de convocatorias lanzadas por redes sociales, también participará en la tractorada prevista para este miércoles frente al Ministerio de Agricultura. Esta agrupación ha perdido fuerza y su portavoz, Xaime da Pena, aseguró este lunes que han perdido alrededor de un 20% de apoyo entre los agricultores por la «no deseada politización» de la agrupación. Se ha producido un desgaste entre los manifestantes -debido también a los 44 detenidos y 3.500 multados en estas dos semanas de protestas- que unido al fracaso del paro de los transportistas autónomos ha llevado incluso a la renuncia como portavoz de Da Pena.

El hasta ahora portavoz confirmó además que ha recibido la llamada de un representante del Ministerio de Agricultura para trasladarle que la Plataforma 6F «nunca va a estar en las negociaciones» con el Gobierno por no estar constituida como asociación. Desde la plataforma de agricultores consideran que la solución será «la de siempre», es decir, que el Gobierno entregará «ayudas y subvenciones» al campo para sofocar las protestas, pero «en tres o cuatro años estaremos en las mismas».